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España

Suprimir empresas públicas dependientes de CCAA ahorrará 1.500 millones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este martes la labor de supresión de empresas y sociedades públicas que están realizando las comunidades autónomas en el marco de de la reforma de las administraciones

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este martes la labor de supresión de empresas y sociedades públicas que están realizando las comunidades autónomas en el marco de de la reforma de las administraciones. Así, ha avanzado que, después de suprimir 535 de esas entidades, en la segunda fase se amplía ese número a 708, lo que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros.

    "Cumplido el objetivo de 535 sociedades, la siguiente fase amplía ese número a 708 , lo que supondrá ahorro de 1.500 millones de euros", ha desvelado Sáenz de Santamaría durante su intervención en las jornadas 'Reformas y eficiencia del sector público. Hacia un nuevo modelo de relación con las empresas y el ciudadano' organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte.

     Aunque la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que "muchas veces" se dice que el Estado tiene "una cierta dimensión", en realidad ese sector público instrumental es un problema mayor en las comunidades autónomas. Por eso, ha destacado la labor que están realizando las comunidades en este sentido, con "la desaparición" de 535 sociedades que ahora se amplía en una segunda fase hasta superar las 700.

    Además, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya aprobó el pasado viernes la supresión de 67 organismos públicos, que incluye fundaciones públicas empresariales, observatorios y otros órganos, con las que el Gobierno espera ahorrar 33,5 millones de euros. "Hemos llevado a cabo una simplificación y limpieza del conjunto del Estado", ha resumido.

    Con el fin de evitar que en un momento de bonanza se vuelva a "repetir" la situación de crear empresas públicas, la vicepresidenta ha adelantado que impulsarán una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones que establecerá un "sistema muy riguroso" para la creación de nuevos organismos públicos, justificando su "necesidad", la "eficiencia de sus ingresos" y si tiene "salud financiera" para llevar a cabo sus funciones.

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