La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, inició ayer en la capital el trámite de audiencia para que los agentes sociales y económicos realicen aportaciones al anteproyecto de la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda.
Acompañada de la delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, y la responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Marisol Gutiérrez, explicó a los colectivos citados que el objetivo de este procedimiento, que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el pasado 23 de septiembre, es “dar voz a las organizaciones y asociaciones que representan los intereses legítimos de la ciudadanía” con el fin de enriquecer una norma de “gran impacto social” por la materia que regula y las personas destinatarias de la misma y que quiere mejorarse en el recorrido de audiencia pública.
Ayer se perfiló el “carácter preventivo y protector” del anteproyecto de esta norma, pionera en España y que, además de transparencia y extensión de la protección a los avalistas, la ciudadanía conocerá si la entidad recoge entre sus condiciones la posible dación en pago, obliga a notarios y registradores a cooperar e informar de las cláusulas abusivas que detecten cuando se vaya a producir la firma de un contrato hipotecario y que aquellas entidades que acepten el Contrato Hipotecario de Confianza conseguirán un sello de calidad”.
