“Las mejores ordenanzas fiscales de la historia de la democracia”, como las defendía ayer el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, esconden también algún “tasazo” que ya ha recibido la aprobación inicial del Pleno y que cargará a los locales comerciales, ocupados o vacíos, por la recogida de basuras, con una horquilla de entre 95 y 1.245 euros al año.
La denuncia la hacía el portavoz del PSOE, Juan Espadas, con el proyecto de ordenanzas en la mano -sin “globos sonda”, borradores, propuestas ni “a ver si cuela”- en una sesión plenaria marcada, inevitablemente, por el desvanecimiento del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que sufrió una leve lipotimia producto del calor y de la presión de la maratoniana sesión aún en sus inicios.
Torrijos se sintió indispuesto tras intervenir en el pleno y decidió incorporarse, momento en el que se desvaneció, siendo atendido de inmediato por los propios concejales (Juan Manuel Flores, médico de profesión, y Evelina Rincón fueron los primeros en auxiliarle). Tras ser atendido por los servicios de urgencias, se le recomendó reposo y, a pesar de la oferta del presidente del Pleno, Javier Landa, y de PP y PSOE, Torrijos e IU decidieron que la sesión continuara.
Sin su dialéctica -que sustituyó con “valentía” pero sin tanto éxito Josefa Medrano- continuó el Pleno centrándose en las ordenanzas, que Zoido defendió como las “mejores” de la democracia, aplicando modelos de gestión y sin subida de tasas -a excepción de tres- y con bonificaciones para crear empleo. Y se adelantó a las críticas: “dirán una retahíla de frases hechas con la intención de restar importancia a la bajada de impuestos”, insistía, defendiendo los 33,7 millones que se quedarán en el bolsillo de los sevillanos.
“Tasazo”
Con la previa del informe del CESS, al que se agarró Medrano (además de comparativas con la eliminación de plusvalías que hace Dos Hermanas), y los anuncios de retiradas del copago policial y otras subidas ahora no recogidas en el texto llevado al Pleno, Espadas se fue al grano para criticar que, entre las “cosas ocultas” que han encontrado, está un nuevo “tasazo”, en este caso por la recogida de basuras y que afectará a los locales comerciales.
El “tasazo” en cuestión se refiere a la inclusión de una tarifa específica para locales comerciales que grava con este impuesto a los que tienen actividad y a los que “sean susceptibles” de serlo, incluidos aquellos que no están dados de alta como tal en el Catastro, estableciendo tramos según superficie que van de los 24 euros al trimestre por metro cuadrado hasta los 195 de más de 501. Al año, entre 95 y 1.245 euros, “lo que le tiene que gustar mucho a los que han tenido que cerrar su comercio”, decía Espadas.
Fley, que se atropellaba contestando a la oposición acusándoles a ellos de mentir y de apoyarse en “falacias” para no aceptar que se bajan los impuestos, aseguraba que esa tasa es fruto del cambio de modelo de gestión en la recogida de basuras y que, aunque se coja de referencia la titularidad del Catastro, “pagará el que ejerza la actividad”, añadiendo que esa tasa se cobra “como consecuencia de la prestación de servicios”, aunque se esté vacío.
La delegada de Hacienda y Administración Pública, que ya había explicado efusivamente que podían bajar el IBI porque para el 2014 y el 2015 se lo permite el Plan de Ajuste y que tenían “suficiente tesorería para afrontar los pagos”, no se quedó atrás en sus críticas a la oposición, el bipartido al que recordó que nunca pagaban. “¿Pagar de qué si estamos pagando nosotros todavía?”, les decía.
Lo cierto es que la herencia recibida salió a colación más de una vez, especialmente cuando se debatían las modificaciones urbanísticas (Guadaíra o Fábrica de Contadores), además de la perenne presencia de la Junta y la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), la base en la que se apoyan los cambios que se han aplicado para incrementar la edificabilidad en esas zonas.
Mientras Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo, se quejaba de la “esquizofrenia” de PSOE e IU que criticaban la aplicación de la Ley andaluza, cuando lo que se busca es “hacer más viviendas y más baratas” en interés general, la oposición le cuestionaba los efectos que tendrán sus decisiones, muchas veces fundamentadas en el interés del promotor. “Técnicas de marketing de agente inmobiliario”, le decía Espadas a Vílchez para definir su defensa de los intereses más privados que públicos.
Torrijos, antes de su desvanecimiento, también dejó sus perlas al definir como “diálogo de besugos” el hecho de que se enroscaran en la LOUA cuando lo que se critica es la falta de criterio social en las decisiones urbanísticas del PP. “Un escalón, es un escalón, dos, dos, pero si hay nueve, es una escalera”, le decía el portavoz de IU para cuestionar que se construyan colmenas en vez de casas.
Y hubo protestas y también desalojos
Aunque la sesión de la mañana había trascurrido con cierta tranquilidad tras el desmayo del portavoz de IU, también hubo hueco para protestas y desalojos. Volvieron de nuevo los trabajadores de Mercasevilla a alzar sus voces contra el ERE debido a la liberalización de los servicios de la lonja, aunque el desalojo fue de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La moción que IU elevó al Pleno que recogía sus propuestas no fue apoyada por el grupo popular, cuyo portavoz, Curro Pérez, encendió los ánimos de los presentes con sus referencias a la Junta, según fuentes de la coalición de izquierdas. Algunos miembros de la PAH comenzaron a increparle, por lo que Landa ordenó su desalojo.
Tampoco salió adelante la moción del PSOE contra los escarches a la presidenta de la Junta en Málaga.
Ricardo Acosta, de lo poco unánime
Pocas cosas consiguieron ayer la unanimidad del Pleno como el reconocimiento a la figura del desaparecido periodista Ricardo Acosta, a quien se le entregará la Medalla de la Ciudad a título póstumo, una iniciativa que partió de IU.
Tres enmiendas aceptadas al PSOE
Las votaciones de las enmiendas a las ordenanzas fiscales no dejaron muchas sorpresas: el PP sólo aceptó tres del PSOE. Además, seis socialistas y tres de IU estaban integradas en el proyecto de ordenanzas (por lo que no fueron aceptadas), como la eliminación del copago policial.
Más modificaciones y nuevo sueldo
La mayoría del PP sacó adelante las modificaciones presupuestarias para pagar las nóminas de Tussam y las fianzas de Resipark (PSOE se opuso e IU se abstuvo), y el nuevo sueldo para la directora general de Recursos Humanos y Hacienda, que fue rechazado por la oposición.
