El juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla', perteneciente al Consistorio hispalense, ha citado a declarar este lunes en calidad de imputado al exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos.
En una providencia dictada el pasado 25 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, atendió de este modo la petición realizada por los actuales responsables de la fundación, a la que se adhirió la Fiscalía de Delitos Económicos, e imputó a Torrijos en una causa por la que también están imputados Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán.
En este sentido, el instructor señala que, tal y como argumentó el Ministerio Público, "en el procedimiento que nos encontramos puede colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud" que la fundación "fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas".
Y todo ello, "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidos", añade el juez, que asegura, tal y como ya advirtió la Fiscalía, que "en este contexto resulta clave y esencial" la figura de Torrijos "como delegado de Relaciones Institucionales", ya que "tiene una participación directa en la firma del convenio que sustenta el expediente 98/08 y conocimiento pormenorizado del devenir económico y circunstancias de la fundación".
En este sentido, asevera que esta "participación directa" tuvo lugar "hasta el acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna".
Por todo ello, el juez considera necesario citar a Torrijos como imputado por los presuntos delitos de los artículos 432 --malversación-- y 397 y concordantes del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que librara certificación falsa.
La imputación inicial de Carlos Vázquez y Miguel López Adán se produjo después de que la Guardia Civil emitiera un informe en el que advertía de que había detectado que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines.
Fue en noviembre de 2012 cuando los actuales responsables de la fundación denunciaron al exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, a Torrijos y a numerosos miembros del PSOE e IU-CA, e incluso varios sindicalistas, por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos.
Torrijos, que está encausado también por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla que investiga la juez Mercedes Alaya, ya aseguró tras conocer que la Fiscalía había solicitado su imputación que se encontraba "absolutamente tranquilo", pues durante su etapa en el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, en coalición con el PSOE, se hizo una "gestión adecuada", aunque reconoció que, "posiblemente, pudimos cometer errores aquí, allá o acullá".
"Pero, en ningún caso, eso motiva una intranquilidad de conciencia sobre la honorabilidad de los actos que llevamos a efecto estando en el Gobierno de la ciudad de Sevilla", señaló el dirigente de izquierdas.
