La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar este martes a los tres imputados por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla después de la querella presentada por el PP, los cuales llevan imputados en la causa desde el 13 de mayo de 2010 sin que hayan comparecido aún ante la magistrada.
De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar este martes a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo.
Las declaraciones se producirán después de que los peritos que han analizado la contabilidad de Mercasevilla hayan emitido un informe en el que concluyen que esta sociedad declaró unos beneficios de 258.024 euros en 2008 cuando en realidad sus cuentas arrojaban unas pérdidas de 7.885.285,42 euros.
El informe no sólo refleja que se ocultaron esas pérdidas, sino que el patrimonio neto de la empresa, a fecha 1 de enero de 2009, era de 3.022.091,56 euros y no de 12.328.764 euros.
La juez Mercedes Alaya acordó en su día que se realizara esta pericial a fin de determinar, entre otros aspectos, "la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes, que hayan causado un perjuicio" tanto a la central de abastos como a la fundación.
Las nuevas citaciones se produjeron después de que, el pasado mes de mayo, la juez se reuniera con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y se comprometiera a "agilizar" todas las 'macrocausas' que investiga e incluso a finalizar la instrucción de alguna de ellas durante el presente año 2013.
Hay que recordar que Mellet y Ponce ya fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho tras solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
