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Málaga

La Junta lamenta la situación de Isofotón y evita pronunciarse sobre su posible cierre

La delegada de Empleo afirma que la salida para la empresa depende de los administradores concursales y del Juzgado de lo Mercantil

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La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Marta Rueda, ha evitado pronunciarse sobre si la salida para los trabajadores de Isofotón pasa por el cierre de la fábrica de placas fotovoltaicas, tal y como reclaman los propios empleados, que este martes se han concentrado ante la sede de Concursalia --firma encargada de tramitar su concurso de acreedores-- para exigir la liquidación de la compañía.

   "Como Junta desconocemos cuáles son las razones por las que los trabajadores piden el cierre", ha señalado la delegada, quien ha insistido en que la decisión "va a depender de los administradores concursales y del Juzgado de lo Mercantil" que está llevando el proceso de Isofotón. "Eso ya se sale de nuestra competencia", ha indicado. 

   Asimismo, Rueda ha lamentado la situación de los trabajadores, que acumulan cinco nóminas pendientes, y que mantienen una huelga indefinida desde principios de este mes. "Evidentemente para nosotros el despido de estos trabajadores no nos gusta", ha declarado en referencia al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará los casi 300 empleados que quedan en la fábrica.

   Representantes de los trabajadores de Isofotón han entregado este martes, tanto a la administración concursal como al Juzgado de lo Mercantil número dos de Málaga, un escrito para pedir la agilización del proceso de negociación del ERE y el posterior cese de la actividad de la empresa "para acabar así con la agonía que supone para la plantilla la actual situación".

   Además, han exigido la destitución de la actual propietaria, ya que según ha insistido el delegado sindical de CCOO en la empresa, Juan Carlos Martín, "cualquier posibilidad de futuro pasaría siempre porque la actual dirección no estuviera dentro de Isofotón".

   Por su parte, el sindicato CSIF ha denunciado que "los administradores concursales son cómplices de la dramática situación que atraviesan los empleados".

   Asimismo, ha acusado a la Junta "de haber estado avalando una estafa con partidas millonarias que no han repercutido ni en la viabilidad de la fábrica ni en el mantenimiento del empleo".

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