Los españoles evalúan con un suspenso la gestión de las administraciones públicas para apoyar a las familias del país que han caído en una situación de vulnerabilidad a cuenta de la crisis económica y consideran que sólo sus propios parientes, los bancos de alimentos y las ONG están haciendo una labor eficaz en este sentido.
Así lo recoge una encuesta elaborada por Metroscopia para Oxfam Intermón y presentada este miércoles por la coordinadora del estudio, Violeta Assiego; junto a la responsable de Seguridad Alimentaria en la ONG, Lourdes Benavides, quien ha ofrecido asimismo un informe sobre el hecho de que acabar con el hambre es factible y depende de los ciudadanos.
La encuesta, encaminada a conocer la percepción ciudadana sobre el hambre, revela que los ciudadanos puntúan con un 3,2 sobre 10 la eficacia del Estado a la hora de asistir a las familias que tienen carencias alimentarias en España. Los ayuntamientos también reciben un suspenso, con un 3,9 de media.
La nota del Estado es aún más baja entre los votantes del PSOE (2,6), las personas con edades entre 35 y 54 años (3,0) y quienes se posicionan en una clase social baja (3). No obstante, tampoco los votantes del PP aprueban la gestión estatal (4 puntos) ni ninguno de los tramos de edad o clase consultados.
En cuanto a los ayuntamientos, gestores de los servicios sociales, reciben la peor puntuación (3,6) de los mayores de 55 años y de los votantes del PSOE (3,7) aunque, como ocurría con el ámbito estatal, el suspenso es generalizado.
En el lado opuesto, los familiares, parientes y amigos de estas familias en situación de necesidad. Su contribución es evaluada por los ciudadanos con un 8,5, al margen de ideologías y de edades. Le siguen los bancos de alimentos, que reciben un 7,7 sobre 10, también unánime, y las ONG, con una media de 6,7 puntos.
Según Assiego, para los ciudadanos "las actuaciones políticas que deberían proteger a las familias no están siendo las más eficaces". "Esa es la percepción, que es un problema que no está siendo resuelto por las administraciones públicas, sino por el entorno más inmediato (...) Hay unanimidad en que quien está resolviendo el problema son las familias", explica la investigadora.
En cuanto a la percepción acerca del hambre en el mundo, tampoco las administraciones quedan en buen papel. Según los ciudadanos, la reducción progresiva del hambre en los últimos años tiene más que ver con la ayuda humanitaria que prestan las ONG en los países en desarrollo (6,5 sobre 10) que con la que ofrecen los países ricos (4,2) o los gobiernos de esos mismos Estados (3,7).
Casi ocho de cada diez ciudadanos creen que cada vez hay más personas en esta situación, aunque los informes de la FAO arrojan una reducción en los últimos años, y un 76 por ciento de los ciudadanos considera que se trata de un problema que "podría ser resuelto de forma definitiva", aunque el 69 por ciento reconoce que no está haciendo todo lo que podría para contribuir a su erradicación.
LOS CIUDADANOS TIENEN MUCHO QUE HACER
En este sentido, Oxfam Intermón pone el acento en que la ciudadanía puede hacer mucho, como exigir al Gobierno que destine más dinero a la pequeña agricultura y la Ayuda Oficial al Desarrollo vía Presupuestos Generales del Estado, presionar para que se regulen los mercados financieros, se ponga límite a la acaparación de tierras y a la especulación con el precio de los alimentos, comprar con cabeza durante la Navidad o exigir mayor responsabilidad a las empresas, entre otras.
Con el informe 'Acabar con el hambre está al alcance de nuestras manos' sobre la mesa, Benavides ha explicado que esta cuestión afecta a 1 de cada 8 personas en el mundo, 1 de cada 5 en África, de las que el 98 por ciento se encuentran en países en desarrollo. Según ha dicho, el problema no es la producción, ya que hay comida de sobra, sino el acceso a los alimentos. De otra forma no se explica que las tres cuartas partes de las personas que pasan hambre sean agricultores.
Sobre este asunto, ha puesto el ejemplo de Paraguay, donde se produce alimentación para 50 millones de personas, pero donde 1,3 millones pasan hambre. Lo ha explicado la secretaria de Relaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras e Indígenas (CONAMURI) de aquel país, Alicia Amarilla, quien ha puesto el acento en que la política de acaparamiento de tierras y el uso de agrotóxicos están machacando a la población. "Nuestra tierra está en manos de las grandes multinacionales", ha lamentado.
UN SISTEMA ALIMENTARIO INJUSTO
El trabajo expone que el sistema alimentario es "injusto, disfuncional y profundamente desigual", por lo que los avances alcanzados (una reducción del 17% desde 1990) podrían "revertirse por la presión que ejerce la demanda sobre unos recursos limitados y amenazados y porque los pobres no tienen acceso a los alimentos".
Además, plantea que el hambre es "ante todo, política", porque está ligada a unos patrones de producción y consumo "insostenibles", a una distribución "injusta" de los recursos y a unas relaciones de poder "distorsionadas". "Los Estados son jurídicamente los responsables de garantizar el derecho a la alimentación (...) Los gobiernos han preferido mantener un 'estatus quo' que favorece a unos pocos frente al interés general", denuncia Oxfam Intermón.
