La Fiscalía ha pedido un año de cárcel, diez de inhabilitación y 10.800 euros de multa para Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), exalcaldesa de Villaverde del Río (Sevilla), por dar una licencia "claramente contraria a la normativa" para 82 viviendas, pese a que los promotores habían pedido para 30 casas.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, explica que la entonces alcaldesa otorgó en el año 2007 la licencia para edificar 30 viviendas solicitada por la promotora Selosa Estructuras y Medio Ambiente.
Sin embargo, y sin ejecutar aquellas viviendas, la promotora solicitó en enero de 2009 licencia para construir en el mismo lugar no las 30 viviendas, sino 77 plurifamiliares y otras 5 viviendas unifamiliares, "con un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha".
Esta solicitud contó con informes desfavorables del secretario y arquitecto municipales, quienes advertían a la alcaldesa que el aumento de edificabilidad solicitado requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento en vigor, señala el fiscal.
Añadían ambos funcionarios que, si bien el proyecto nuevo se adecuaba al estudio de detalle presentado y al proyecto de reparcelación, era necesaria la previa aprobación de la modificación puntual de la norma de planeamiento y de su adaptación a la ley andaluza.
"No obstante la claridad de los informes técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de edificación de las viviendas", el 25 de febrero de 2009 la entonces alcaldesa, "consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia", la concedió para las 82 viviendas y los garajes correspondientes.
Según la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la alcaldesa "justificaba formalmente la decisión por la urgente necesidad de viviendas de VPO y la situación económica de la localidad y el sector de la construcción", y "sin más justificación de esa afirmación, por lo demás carente de respaldo legal o reglamentario".
La licencia de las 82 viviendas y garajes "es claramente contraria a la normativa de planeamiento" pues se trata de "suelo urbano no consolidado al no haber cumplido los deberes de urbanización y cesión que imponían las normas subsidiarias, que preveían una capacidad total máxima de 50 viviendas".
No obstante, la licencia irregular caducó y salvo unas obras de urbanización, las obras de las viviendas no se han llevado a cabo, precisa la Fiscalía, quien añade que el pleno del Ayuntamiento, en julio de 2012, "una vez detectado el delito cometido por la anterior alcaldesa, ha tomado la iniciativa para la revisión de oficio de la licencia ilegal descrita y la restauración del suelo a su estado compatible con la legalidad".
En el juicio que se celebrará en los próximos meses, Maestra será imputada de un presunto delito contra la ordenación del territorio por prevaricación por el que se enfrentará a un año de prisión, multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros, lo que equivale a 10.800 euros, y diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
