Su propietaria, una ciudadana alemana de nombre Margit Irmgard Zirner, se construyó la casa en 2003, pero lo hizo sin licencia y en suelo no urbanizable protegido de interés agrícola. La denuncia del Ayuntamiento no se hizo esperar. A partir de ese momento se inició un largo proceso judicial que ha durado casi cinco años, y que verá su fin en los próximos días con la demolición del inmueble. Un triste final del que Margit no será testigo, dado que falleció en las navidades de 2007.
Los que la conocieron aseguran que luchó con todas sus fuerzas por mantener la vivienda en pie, hasta el punto de que algunos incluso achacan su muerte a todo lo ocurrido. “Fue todo este proceso el que se la llevó. Menos mal que no tendrá que ver cómo le tiran la casa”, señala un vecino cercano.
Relato de hechos
Margit llegó a Cádiz en los años 90 y compró una finca de 6.000 metros cuadrados cerca del Novo Sancti Petri, donde, con licencia municipal, puso en marcha un picadero y una guía turística de caballos. En el año 2003 vendió parte de la finca y se quedó con el resto, unos 1.500 metros cuadrados. Allí, junto a los chozos y establos construyó la vivienda.
El Ayuntamiento le abrió expediente por atentar contra la ordenación del territorio y el caso llegó al Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz. La sentencia de esa sala absolvió a Margit de todo cargo, al aceptar que se produjo un “error racional”, es decir, que la propietaria desconocía que era necesario contar con una licencia. Igualmente, el juez admitió que la vivienda no suponía un grave daño al entorno por estar ya excesivamente alterado por al menos otras 800 construcciones.
Sin embargo, el caso no quedaría así. La Fiscalía de Medio Ambiente recurrió esa sentencia y a principios de 2007, la Audiencia Provincial revocó el fallo absolutorio y condenó a la procesada a seis meses de prisión, a una multa y al derribo de la vivienda por un delito consumado contra la ordenación del territorio. Los magistrados consideraron que no existió ese “error racional” que sí atendió el Juzgado de lo Penal, al entender que la procesada solicitó en su día una licencia para la explotación de un picadero y, por tanto, debía ser consciente de que también necesitaba una para levantar una casa. Asimismo la sentencia de la Audiencia Provincial rechazó el argumento exculpatorio de que ya existían otras 800 casas en la urbanización al considerar que “la existencia de otras construcciones ilegales (...) no puede disculpar la actuación del orden penal”.
Esta sentencia firme de derribo, que ahora la Gerencia de Urbanismo deberá ejecutar, fue considerada en su momento como ejemplarizante. De hecho era la segunda vez que la Audiencia Provincial ordenaba un derribo, pues hasta entonces solía imponer sólo penas de cárcel y multas económicas.
La Fiscalía de Medio Ambiente llevaba ya tiempo demandando este tipo de resoluciones para frenar la proliferación de construcciones ilegales en la provincia. El derribo era el único medio, según el Ministerio Fiscal, para acabar con ese sentimiento de impunidad generalizado que existía al mantenerse en pie las viviendas ilegales.
A partir de ese momento, la situación dio un vuelco espectacular. De hecho, desde 2007 hasta ahora se han dictado más de 70 órdenes de demolición en la provincia.
Deshabitada
La Villa Celeste, nombre que hace honor al color de su fachada, encara sus últimos días en pie. Y lo hace en absoluta soledad. O casi. Sólo un perro rompe el silencio en el interior de la vivienda, que presenta signos de llevar tiempo deshabitada, aunque en ocasiones se ha podido ver en ella a una persona cercana a la fallecida. Cuentan los vecinos que Margit era una gran amante de los animales hasta el punto de que incluso dejó parte de su herencia a la protectora con la que colaboraba. Aunque eso sólo son rumores. Junto a la casa aún se observa entre matojos de hierbas los restos de lo que fue el picadero. El dibujo de un caballo y algunas herraduras presidiendo una puerta de madera ayudan a adivinar lo que en su día hubo en la finca.
El derribo de este inmueble es inminente. La Gerencia Municipal de Urbanismo está ultimando ya los trámites para proceder a ello, después de que así se lo haya requerido el Juzgado de lo Penal. Será cuestión de “semanas”, según fuentes municipales, que la orden sea ejecutada.
La noticia de la demolición no ha causado sorpresa entre los vecinos, algunos de los cuales estaban al tanto del proceso judicial que siguió Margit. “No sabíamos cuándo pero teníamos claro que acabarían tirándola. Tuvo mala suerte”, comenta José. Sentencias como éstas son consideradas como un avance por la Fiscalía de Medio Ambiente en su lucha contra las construcciones ilegales. Desde luego penas que incluyen cárcel, multa y derribo de la propiedad hacen, cuando menos, pensárselo dos veces antes de construir una vivienda ilegal.
