El interrogatorio que realizará mañana en su despacho de los Juzgados de Palma el juez José Castro a la Infanta Cristina se centrará previsiblemente en conocer si la hija del Rey conocía o prestó su consentimiento en relación con las actividades presuntamente defraudatorias desplegadas por Aizoon, la sociedad en la que participaba al cincuenta por ciento con su marido Iñaki Urdangarín y que ingresó casi un millón de euros procedentes del Instituto Nóos.
La hija del Rey, que está imputada por delito de fraude fiscal y de blanqueo de capitales, se defenderá á respondiendo únicamente a las preguntas que le formulen el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la Fiscalía Anticorrupción y sus propios abogados.
Según indicó el juez Castro en su auto de imputación el pasado 7 de enero, a su juicio en Aizzon se generó un doble efecto fiscal defraudatorio. Sus beneficiarios no tributaran en el IRPF disfrazando el reparto de beneficios como gastos de explotación (autoalquiler de dependencias) y además buscaron minorar la base imponible del impuesto de sociedades y, con ello de la cuota a ingresar.
Por ello, el interrogatorio del juez irá previsiblemente dirigido a aclarar si la Infanta fue alertada del proceder de su marido o bien si pudo ser responsable de rectificar las liquidaciones supuestamente defraudatorias de Aizoon y facturar a ésta servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la mercantil, con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.
También se intentará aclarar si su posición en Aizoon obedecía a lo apuntado por Miguel Tejeiro, exasesor fiscal del Instituto Nóos, quien indicó que se colocó a la hija del Rey en la mercantil para que ésta gozase de un trato especial por parte de la Agencia Tributaria.
Y es que los ingresos menores obtenidos inicialmente por Aizoon provenían del alquiler de inmuebles, por un importe anual de 30.576 euros en 2007 y 27.329 en 2008, "notoriamente inferiores" a los importes facturados apenas un año después por la supuesta actividad de asesoría desplegada por Iñaki Urdangarin y por la que la mercantil ingresó 645.453 euros en 2007 y 494.156 un año después.
Otro de los argumentos para interrogar los obtiene el juez de los diferentes informes aportados por Hacienda, que señalan que entre 2008 y 2011, Y dejando a un lado las amortizaciones de sus créditos hipotecarios, la Infanta Cristina únicamente realizó compras por importe superior a 3.005,06 euros "con cargo a su propio peculio", las dos en un comercio de ropa de vestir y sin ninguna relación con la decoración del Palacio de Pedralbes. La mayoría de los gastos invertidos en el hogar matrimonial corrieron a cargo de Aizoon.
Siendo varias de las facturas correspondientes a la organización de efectos de "incontestable afección personal", tales como la comunión de uno de sus hijos o fiestas de cumpleaños, Castro considera que si Cristina de Borbón no los abonó de su propio peculio debiera saber que tampoco lo hizo su marido y no pudo pasársele por alto que lo fueron por la entidad mercantil participada por ambos, y presumiblemente preguntará sobre este punto.
También considera el juez que merece una explicación en relación con servicios de "coaching" (6.672 euros) facturados en septiembre de 2007 en los que se menciona que fueron "especialmente para Cristina" y el por qué de que este gasto se cargara a la sociedad Aizoon.
Igualmente, el juez podría preguntar a la infanta sobre los pormenores de la contratación de los empleados en el hogar familiar, en los que intervino la Infanta conociendo su situación irregular, según los testigos.
Seguramente también se le cuestionará sobre si conocía que de ser contratados se les abonarían sus salarios en "negro", accediendo a documentar las relaciones solo cuando éstos lo solicitaron para obtener permiso de residencia pero haciendo figurar como empresa contratante a Aizoon.
El interrogatorio también versará sobre las facturas emitidas por la propia Infanta que corresponden al 50 por ciento de los alquileres de Aizoon de lo que se dice que eran unas oficinas situadas en el propio palacete, cuyo importe se ingresaba en la cuenta de la que era titular su marido pero en la que ella tenía firma autorizada.
Para saber si tales defraudaciones traspasaron el umbral de los 120.000 euros y constituyen delito contra la Hacienda, Castro deberá comprobar si exceden de dicha cantidad en cada ejercicio, lo que en atención a los importes que se barajan el propio juez reconoció que era "escasamente probable".
SOBRE EL PRESUNTO BLANQUEO
Por otro lado, Castro ya manifestaba en su auto de imputación que si se suman todos los ingresos obtenidos por arrendamientos, única actividad lícita que le reconoce la Agencia Tributaria a su sociedad Aizoon, "no bastaría" para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios contraídos por los Duques de Palma. Por ello es previsible que realice alguna pregunta a la infanta en relación con el modo en el que han financiado sus adquisiciones inmobiliarias.
En esta misma línea, abundando en torno a la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de la Infanta, el juez preguntará previsiblemente a la Duquesa si intervino de manera directa en la contratación del personal del servicio doméstico, al que "anunció que, si superaban el periodo de prueba les serían pagados sus salarios 'en negro', para luego ser contratados por la entidad Aizoon".
