Tras conocer el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo nº2 de Cádiz que anula el procedimiento para la concesión del servicio municipal de aguas que fue adjudicado a la mercantil Gestión Integral del Agua SA, Aqualia, y da la razón a la anterior adjudicataria, Agual y Gestión, SL.; el Partido Popular ha mostrado su “total desacuerdo” ante el hecho de que “seamos los barbateños y barbateñas los que tengamos que asumir las costas de este juicio que ha venido impuesto por la manera de gobernar de un equipo de Gobierno socialista que actúa al margen de la ley”.
Por ello, para el parlamentario andaluz y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Barbate”, José Manuel Martínez Malia, “el pago de las costas lo tiene que asumir el alcalde que es el que nos ha metido en este lío”.
“Esta nueva sentencia en contra del Ayuntamiento de Barbate, deja claro lo que desde el PP venimos denunciando desde hace mucho tiempo: que el alcade, Rafael Quirós, actúa al margen de la legalidad”, declara Martínez, quién recuerda que “hace tan sólo una semana, ya se hizo pública otra sentencia que daba la razón a los partidos de la oposición y condenaba al equipo de Gobierno por su mal hacer”.
Desde el Partido Popular recuerdan que “el 30 de mayo de 2012 pedimos una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas con respecto a la chapucera concesión del servicio municipal del aguas que realizó el equipo de Gobierno”. No en vano, señala Martínez, “en todos los plenos hemos llevado cuestiones sobre el servicio de aguas, ya sean mociones o preguntas, porque no nos cuadraba nada lo que había hecho el equipo de Gobierno, y ahora se ha demostrado, con sentencia judicial firme en primera instancia, que lo que hizo es ilegal”.
“Ahora el equipo de Gobierno puede hacer dos cosas”, explica Martínez: “recurrir la sentencia –que si pierden en segunda instancia, nos condenará a pagar más gastos en costas y además habría que esperar un año durante el cual, probablemente la actual empresa concesionaria no haría ninguna inversión en las instalaciones y ni siquiera el emisario de la depuradora-; o bien tragarse la sentencia y volver a licitar el servicio, lo que seguro traería una nueva subida de tasas”.
Para los populares, “el asesor jurídico del Ayuntamiento deberá hilar más fino o ser apartado de sus funciones por parte del alcalde, porque estamos contemplando como se contradice cuando informa sobre las permutas de terrenos como el asunto de la parcela del Zapal; o el devenir de dos recientes sentencias por los juzgados de los contencioso de Cádiz”.
Asuntos todos estos “que al final suponen perjuicio económico para todos los ciudadanos barbateños, además de la pérdida de credibilidad del Ayuntamiento”.
Por todo ello, “ante tanto despropósito”, desde el Partido Popular se preguntan “¿por qué está empeñado el alcalde en destruir nuestro pueblo? Y si lo hace inconcientemente ¿Por qué si no sabe lo que tiene que hacer no se retira?”.
