El comité de empresa de Isofotón en Málaga ha remitido un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que le solicita que investigue las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a la compañía de placas fotovoltaicas.
Así, los integrantes del comité solicitan que se revisen los avales, préstamos y ayudas que la Junta de Andalucía ha concedido a Isofotón "para el fomento de la viabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo, que superan los 62 millones de euros", según ha informado el sindicato CSIF.
En concreto, el comité destaca tres avales por valor de 29 millones de euros otorgados por la Agencia IDEA para financiación de circulante entre 2010 y 2011, en concreto los días 2 de marzo --cinco millones--, 13 de julio de 2010 --12 millones-- y 1 de marzo de 2011 --12 millones--, así como el préstamo de 8,3 millones concedido en agosto de 2012. Unas ayudas que, según los representantes de los trabajadores, "podrían no haberse destinado al fin para el que se concedieron".
En el escrito, los empleados indican que han conocido que el juzgado sevillano ha incoado diligencias previas para investigar "ayudas excepcionales concedidas por la Agencia IDEA sin la autorización preceptiva del Consejo de Gobierno y traspasando el límite de la asignación presupuestaria prevista para préstamos de la mencionada agencia pública", de ahí su solicitud para que se incluyan en dicha investigación las ayudas dadas a Isofotón.
En este sentido, apuntan que el propio Gobierno andaluz "tuteló e, incluso, buscó a los actuales dueños, el Grupo Affirma, cuando en el año 2009 el Grupo Berger salió del accionariado de la compañía". El comité señala que, sin perjuicio de las ayudas anteriores a 2010, se observa que, desde que entró en la empresa el Grupo Affirma, las ayudas y avales a Isofotón superan los 37 millones de euros.
Asimismo, argumenta que nunca se conocieron las condiciones de compraventa de la empresa, "secreto guardado entre la Junta de Andalucía y el Grupo Affirma, y apenas cuatro años después la empresa cierra y despide a todos sus trabajadores, lo que nos hace pensar en el mal destino de las ayudas públicas concedidas".
CSIF ha recordado en un comunicado que, actualmente, la compañía con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, se encuentra en concurso de acreedores y pendiente del cese definitivo de actividad, "con una pérdida de 760 puestos de trabajo en el último año, pese a ser subvencionada con más de 62 millones por parte de la Junta de Andalucía".
