El portavoz del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha manifestado este miércoles que, según sus cálculos, el presupuesto general del Consistorio para 2014 contempla partidas por valor de unos 120 millones de euros cuya aplicación es susceptible de ser bloqueada o anulada como consecuencia de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como "reforma local".
Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y merced a su aplicación, el Ayuntamiento de Sevilla ha paralizado el comienzo de tres escuelas taller promovidas por su propia iniciativa pero cofinanciadas por la Junta de Andalucía.
Según el Gobierno local, estas tres escuelas taller contaban con consignación económica en los presupuestos municipales, pero la Intervención General del Ayuntamiento ha formulado un "reparo" al expediente de contratación de los 18 monitores de las escuelas taller en el sentido de que, merced a la aplicación de la reforma local, no procedería librar fondos municipales para equiparar sus salarios a los del convenio colectivo del Consistorio. Dado el caso, ha sido necesario reconfigurar el expediente de contratación con unos salarios ceñidos exclusivamente a la financiación aportada por la Junta de Andalucía para estas iniciativas.
"LA PEOR INTERPRETACIÓN" POSIBLE
Para Espadas, conflictos como el de las citadas tres escuelas taller prueban que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido está dispuesto a aplicar la reforma local "desde la peor interpretación posible", extremo que le ha llevado a recordar que la nueva legislación estipula un año de transición, pero el Ayuntamiento ha comenzado a aplicarla "de inmediato" dando lugar a conflictos como el de las escuelas taller.
Dado el caso, Juan Espadas avisa de que, según los cálculos del PSOE, los presupuestos generales del Ayuntamiento para el año en curso incluyen, en materia de empleo, asuntos sociales y otros aspectos, partidas por valor de unos "120 millones de euros" cuya aplicación podría ser anulada como consecuencia de la mencionada Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
En ese sentido, ha planteado la interrogante de "¿qué piensa hacer Zoido con las cantidades del presupuesto municipal que él cree inejecutables"? como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Así, avisa de que mientras ciudades como Zaragoza ya cuentan con "un informe completo sobre el impacto de la reforma local sobre cada servicio municipal" y trabajan en la elaboración de alternativas, la pregunta en Sevilla es "a cuántas subvenciones está dispuesto a renunciar Zoido" bajo la premisa de que la nueva ley "desentiende" al Ayuntamiento de la participación en programas de formación, empleo o servicios sociales cofinanciados principalmente por otras administraciones. Para Espadas, no sería justo que el dinero consignado en los presupuestos para actuaciones concretas en materia de formación o empleo fuese destinado a otros fines.
