La protección de la costa de Huelva frente a un problema histórico como el de la erosión trasciende lo puramente ambiental y se ha convertido, como ocurre en no pocas ocasiones, en un tira y afloja en el que las cuestiones políticas están ganando protagonismo.
Esta semana, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar presentaba la Estrategia para la protección de la costa de Huelva, basada en un estudio integral del litoral, que es la primera vez que se realiza, para proponer soluciones definitivas a ese problema.
Una presentación precedida de alabanzas y, sobre todo, críticas de aquellos que, en primer lugar, lamentaron que los resultados se dieran a conocer antes a los alcaldes de los municipios gobernados por el PP y, en segundo lugar, que las informaciones que trascendían no hablaran de actuaciones ni inversiones concretas.
Tras la presentación, poco ha cambiado, se sabe que las zonas que se priorizarán son la de Matalascañas e Isla Canela, se habla de tres posibles soluciones que se elegirán según la idoneidad para cada lugar -diques, escolleras o aportaciones de arena-, sin que se conozca, por ser actuaciones a corto, medio y largo plazo, qué inversión requiere la protección del litoral.
El estudio, que presuntamente, viene a garantizar la calidad de la costa de Huelva en aras de seguir atrayendo turismo y de continuar generando puestos de trabajo, ha tenido más detractores que seguidores.
Entre estos últimos, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP), ha valorado que se haya declarado de urgencia las actuaciones en Matalascañas, pues "desde 1979, ya se contemplaba la repercusión negativa de los espigones en el litoral, algo que se ha constatado con el paso de los años en el caso de los diques de Portugal y Huelva, y con especial incidencia en la zona de Doñana".
También está satisfecho el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha reclamado que administraciones como la Diputación y la Junta, que tienen competencias plenas en turismo o en materia de pesca, se comprometan a poner en marcha y a sufragar las actuaciones que precise este estudio".
El Puerto de Huelva, al que desde hace años se le responsabiliza de ser uno de los responsables de la erosión al construir el dique Juan Carlos I, valora el estudio aunque considera que constituye una compilación de otros estudios realizados ya sobre este tema y, destaca de él que demuestre que "el problema de la Costa de Huelva estriba en que es regresiva y por ello, y por la propia dinámica del litoral, pierde arena".
Pese a que se considera que el estudio pone de manifiesto que el Puerto no tiene responsabilidad en esta materia, han trasladado a la Dirección General de Sostenibilidad la disposición de la institución a colaborar en todo lo necesario para la conservación de las playas.
Las mayores críticas vienen por parte del PSOE y de asociaciones como las de propietarios de Matalascañas, quienes entienden que con el documento no se da una solución real al problema.
En este sentido, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, considera que el PP "vuelve a burlarse de una provincia que necesita dinero para sus playas y no un estudio inacabado" pues "carece de lo fundamental, que es el Estudio de Impacto Ambiental, y ese paso crucial no se ha presentado" y además "no cuenta con financiación por parte del Estado".
Juan Gómez, presidente de la asociación de Matalascañas, entiende que el informe es un "empaquetamiento" de los anteriores y duda de la "fiabilidad y viabilidad" de las medidas que propone.
Un estudio muy esperado que ha venido a corroborar lo que unos y otros esperaban de él y que ha constituido un nuevo ejemplo de que es difícil el consenso a pesar de que el objetivo persiga el interés general.
