El tiempo en: Chipiona
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Sevilla

El alcalde condiciona la solución de la Corrala a que no haya discriminación

Zoido considera que todos deben ser iguales ante la ley y que la soclución no puede discriminar a las personas que están en la misma situación que las familias de Utopía

Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado este jueves que "la igualdad ante la Ley y la no discriminación a personas en la misma situación" deben ser los "ejes" de la comisión constituida entre las administraciones local y autonómica para resolver el conflicto de las familias que habitan sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja'.

   En rueda de prensa, el regidor hispalense ha hablado de la reunión celebrada el día previo junto a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del conflicto que rodea a la ocupación de estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', dado que el Juzgado de Instrucción número tres ha ordenado ya tanto el desalojo forzoso, como que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado den cumplimiento a dicha orden.

   En ese sentido, ha explicado que este mismo jueves comienza a funcionar la "comisión bilateral" acordada entre las administraciones local y autonómica para buscar soluciones gracias a las cuales "no se produzca un desalojo por la fuerza". Sobre la línea de la negociación, ha manifestado que "la igualdad ante la Ley y la no discriminación a personas en la misma situación deben ser los ejes" del trabajo, pues no se debe primar a "quien da una patada a la puerta".

   Mientras la Junta de Andalucía habría analizado la posibilidad de realojar a estas personas en unas viviendas protegidas de su titularidad, previo paso por unas VPO municipales porque las primeras esperan aún la conclusión de su construcción, el alcalde ha mostrado su disposición a "ayudar en todo" lo que esté en su "mano", pero recuerda que el mencionado edificio de viviendas protegidas que promueve la Administración andaluza "es para determinadas necesidades". "No se trata de que todos vayan al mismo sitio ni de hacer unas normas 'a la medida de'", ha enfatizado el alcalde.


VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012

   Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.

   Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.

   Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.


LA 'CORRALA UTOPÍA'

   Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.

   Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba recientemente un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN