El programa contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha contribuido a evitar 336 desalojos en la provincia de Huelva en sus primeros 15 meses de funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2013. Así lo ha explicado hoy Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, en la inauguración en la Universidad de Huelva de las jornadas 'El derecho a una vivienda digna y el drama de los desahucios. Análisis y respuestas alternativas'. En total, ya se han adherido a esta iniciativa nueve municipios onubenses y 267 en toda Andalucía, casi un 35% del total de ayuntamientos de la comunidad autónoma, además de la propia Diputación de Huelva. La provincia onubense es la que menos ayuntamientos adheridos al programa tiene, por lo que Cortés ha hecho un llamamiento a los consistorios para que se sumen y “amplíen el bloque institucional” en defensa de la vivienda.
Cortés ha destacado que las oficinas contra los desahucios “cumplen el objetivo fundamental con el que se pusieron en funcionamiento: que quienes acuden a solicitar ayuda de la Junta de Andalucía, personas que en su gran mayoría han perdido su empleo o trabajan en condiciones de precariedad, no pierdan al menos su techo”. La consejera ha incidido, no obstante, en que el programa ofrece “un servicio meramente paliativo, por lo que los problemas de fondo de las familias no están resueltos, persistiendo la alerta y manteniéndose la situación de inseguridad”. “La solución de las medidas de fondo requiere de modificaciones de la normativa estatal, claramente desequilibrada a favor del poder financiero, así como de medidas drásticas como una quita hipotecaria”, ha incidido.
“La crisis se prolonga y se agrava por las políticas de recortes impuestas por la Troika y el Gobierno central, aumentando el número de familias asfixia-das económicamente”, ha alertado Cortés, que ha afirmado que el recurso del Ejecutivo estatal contra la Ley de Función Social de la Vivienda “empeora el panorama”, porque dicha norma obra un “efecto disuasorio sobre todos los desahucios”, ya que las entidades financieras saben que, de realizar el desalojo, se exponen a la expropiación de la vivienda o a sanciones por mantener el inmueble desocupado.
Intermediación, prevención y protección
Durante los primeros quince meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito, el programa ha intermediado en 336 casos. “En la fase de intermediación las familias acuden a las oficinas en riesgo de desahucio, en situación de morosidad, y siguen en sus viviendas. Ese es nuestro principal logro”, ha subrayado Cortés, que ha afirmado que la Consejería “contribuye a evitar el desahucio junto a las familias, sin cuyo empeño en inferioridad de condiciones frente a la entidad financiera y sin su defensa del derecho a la vivienda esta labor sería inabordable”.
En la fase de intermediación los afectados acuden solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios, destacando fórmulas como las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras medidas encaminadas a paralizar el lanzamiento, en permanente comunicación con juzgados y entidades bancarias.
El resto de expedientes abiertos en Huelva se corresponde con las fases de prevención, con un caso; y de protección, con 33. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. Las oficinas les proporcionan información y asesoramiento, evitando preventivamente situaciones de amenaza de su derecho a la vivienda.
En la fase de protección, las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. La Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del programa las asesoran para realizar la solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, establecen cauces de comunicación con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones.
