El sector hortofrutícola onubense considera que es necesario tratar en profundidad la situación de los asentamientos ilegales existentes en la provincia de Huelva, la mayoría en terrenos de titularidad pública.
Para ello Asaja-Huelva, Freshuelva y Faeca-Huelva, patronal y representantes del sector y componentes de la Interprofesional de la Fresa de Andalucía, han presentado un escrito en las sedes de la Subdelegación del Gobierno, Delegación del Gobierno andaluz y Diputación de Huelva en los que solicitan a sus titulares una reunión "urgente".
En el escrito, las organizaciones comienzan por poner en su conocimiento, según han informado en un comunicado, su "más enérgica protesta por la situación de los asentamientos".
"Esta penosa situación, consideramos que está originada por la falta de diligencia y asunción de las responsabilidades que específicamente les atañe a los entes públicos a este respecto concreto", señalan las asociaciones profesionales.
No en vano, pese a las numerosas llamadas de atención que se han emitido desde diversos focos, pero muy especialmente desde el ámbito agrario, las administraciones públicas "no han ido más allá de expresar su contrariedad, culparse unas a otras o en último caso, guardar silencio".
Una actitud que, a su juicio, ha provocado que "se mantenga y se consienta año tras año una situación que constituye una tragedia humana y que perjudica muy seriamente a la imagen de la provincia, en especial al sector agrícola, al que siempre se termina culpando de ella sin justificación".
Así, en el escrito se destaca la actitud de las administraciones y se les presenta cuáles son las circunstancias reales de las personas que viven en los asentamientos, las consecuencias de la existencia de los asentamientos y la imagen que los representantes públicos están dando al ciudadano a este respecto.
"Resulta lamentable que por la ausencia de coordinación y entendimiento entre las administraciones concurrentes en este asunto se permita la existencia de este drama social, los asentamientos ilegales", advierten.
Los representantes de las organizaciones están convencidos de que hay suficientes recursos legales, administrativos y económicos para solucionar la situación de estas personas sin tener que recurrir continuamente a la caridad, que al final sólo contribuye a paliar de forma temporal las lamentables condiciones de vida en las que permanecen estos hombres y mujeres.
