Representantes de Urbanos Amarillos -acompañados de un notario- se personaron ayer en el Ayuntamiento para reclamar su derecho a gestionar el servicio público de transporte urbano, una vez finalizado el periodo de secuestro de la concesión iniciado el 7 de mayo de 2012.
La empresa sostiene que el Consistorio no le ha notificado formalmente la resolución del contrato, expresando además su desacuerdo con el procedimiento que ha seguido el Gobierno local. Por este motivo, los representantes de la compañía pretendieron acceder a la gestión del servicio una vez finalizado el secuestro de la concesión, algo que le fue negado por el Consistorio.
Todo lleva a pensar en la posibilidad de que Urbanos Amarillos -con ese acta notarial- tratará de forzar estos próximos días un acuerdo económico con el Ayuntamiento y que, en caso de no producirse, trasladará el caso a los tribunales para que sea la vía judicial la que de por cerrado el contencioso.
Reclaman 5,3 millones
Según ha podido saber este medio, la compañía renuncia a percibir el lucro cesante, pero reclama al Ayuntamiento la devolución del aval depositado en su momento para hacerse cargo de la concesión, de 5,7 millones de euros.
Esa cantidad podría ser objeto de rebaja toda vez que la empresa asumiría las pérdidas acumuladas durante su gestión, como por ejemplo la que acarreó la quema de uno de sus vehículos. Se estima por tanto que la cantidad demandada al Ayuntamiento rondaría los 5,3 millones de euros, lejos por tanto de los diez millones a los que este pasado martes se refirió la alcaldesa, María José García-Pelayo.
El portavoz del grupo socialista, Luis Flor, negó ayer que el PSOE se posicione “del lado de la empresa”, pero instó al Consistorio a tratar de alcanzar una solución que evite que el caso termine en los tribunales, toda vez que la sentencia podría tardar en dictarse “tres o cuatro años” y no se sabe “quién estará entonces en el Gobierno”. “Lo que ha hecho ahora el Gobierno local es ganar tiempo y dar una patada hacia delante al tema”.
