El informe que el Defensor del Pueblo presentó esta semana en el Parlamento de Andalucía es demoledor y ha vuelto a poner de manifiesto la situación que atraviesa la infancia y la adolescencia en esta comunidad autónoma, donde, como consecuencia de la dureza de la crisis, se asiste a un aumento imparable y alarmante de la miseria y del riesgo de marginación en los hogares.
La provincia de Cádiz fue la que más juicios de menores celebró en el último año computado (2012), en concreto fueron1.320 juicios con papel protagonista para los más jóvenes, 425 de ellos fueron menores de 15 años. En este sentido, el estudio pone de relieve que los chicos delinquen más que las chicas (un 83% frente al 17% que arrojan ellas).
Según los datos incluidos en la memoria, presentada por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetztu, casi 1 de cada 4 menores de 16 años –el 23,9 por ciento del total– vive por debajo del umbral de la pobreza; una cifra que sube hasta el 39,1 si se suman a los que han percibido ayudas, subsidios y subvenciones.
En la provinica de Cádiz, estos datos dibujan un panorama desolador en cualquiera de los dos parámetros. De acuerdo con este informe, la provincia, que cuenta con una población en esa franja de edad de 237.794 a fecha 1 de enero de este año, tendría ya a más de 57.000 niños y adolescentes malviviendo fuera del rasero de la normalidad –más de 92.700 si se añaden los hogares absolutamente dependientes de prestaciones sociales–.
El riesgo de exclusión en Andalucía ha avanzado tanto que ya casi la mitad de los menores –118.000 gaditanos– vive en hogares que no pueden proporcionarles todos los conceptos considerados básicos por la estadística en su lectura de calidad de vida (no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, no tienen automóvil ni ordenador, ni pueden salir de vacaciones).
Al problema de la falta de recursos, se añaden otros factores potenciales de marginación que preocupan al equipo de Maetztu. Uno de ellos es el coqueteo con las drogas, que en Cádiz está en la media del resto de Andalucía. En el último año computado por el balance, fueron admitidos a tratamiento un total de 170 jóvenes.
A nivel autonómico, el trabajo se hace igualmente eco de otra gran lacra como es el maltrato infantil. En el año 2012, la oficina del Defensor contabilizó en Andalucía hasta 1.420 casos denunciados por teléfono, las más numerosas, un 33, 1 por alusivas a denuncias de abandono o desemparo.
En cuanto a atenciones en los programas de salud mental específicos, durante 2012 en la provincia fueron atendidos 2.787 personas. Por otro lado, los niños y adolescentes de Cádiz fueron de los que menos hicieron uso del plan de asistencia bucodental –un 31,22 por ciento solicitaron atención–.
