A la Empresa Municipal de la Vivienda ni la dejan vivir ni tampoco morir. El organismo, cogido con alfileres desde hace más de un año ante la deficitaria gestión bajo la presidencia de Francisco Moro, sigue en la senda del despropósito con Juan Carlos Adame al frente y con un alcalde, Pedro Rodríguez, que lleva mirando para otro lado “más de dos años”, tiempo que llevan los trabajadores solicitando de manera formal una reunión con él para explicarle su agónica situación.
Fuentes de los trabajadores de la empresa pública explicaron este martes a Viva Huelva que la situación actual de “abandono”, tanto de la institución como la de los trabajadores, conlleva que no se pueda atender la demanda de vivienda social de entre 2.500 y 3.000 ciudadanos onubenses: “Ni hay nuevos suelos, ni promociones, ni garajes... Estamos atendiendo a los ciudadanos que llegan, pero el trabajo es mínimo y muy poco efectivo”, lamentaban las citadas fuentes.
Los trabajadores, un total de 12, llevan ya demasiado tiempo en el alambre soportando una gestión nefasta con casos como el desvelado por Viva Huelva de los más de 6.000 euros de viajes a Madrid y hoteles de lujo en la capital cargados a la empresa para hacer gestiones que poco o nada tenían que ver con la empresa. Las fuentes consultadas por Viva Huelva este martes han lamentado que a los dirigentes políticos de la capital onubense, con el alcalde al frente “no le interesamos”. “No tienen ningún interés en la política de vivienda”.
En cuanto a cómo les ha tratado el alcalde en todo este tiempo de incertidumbre, ausencia sería el término que define la atención del regidor onubense con estos empleados públicos: “Llevamos más de dos años intentando hablar con él, con peticiones formales de cita en el Ayuntamiento para explicarle nuestra situación y no nos ha recibido ni una sola vez”.
Sin dinero para afrontar las indemnizaciones
Y a todo esto, más allá del prejuicio que supone la agonía de esta empresa para los más de 2.500 onubenses que demandan una vivienda social, el libro de la extinción de la EMV sigue sumando capítulos de esperpento. Uno de los últimos lo vivieron los trabajadores antes del periodo de vacaciones. Fue cuando les comunicaron que “en 48 horas nos íbamos todos a la calle, harían inventario y cerrarían”. Para echar el cerrojo, Juan Carlos Adame, presidente de la EMV, y Saúl Fernández, teniente alcalde de Economía, Administración Pública y Régimen Interior, ofrecieron a los 12 trabajadores una indemnización de 30 días por año trabajado. “Fue un acuerdo verbal que aceptamos porque se supone que iba a haber pronto pago”.
Pero donde dije digo... “Días después nos dijeron que nos pagarían la indemnización en tres partes”. La razón, obvia: falta de liquidez.
A día de hoy, los trabajadores todavía no han recibido ni el primero de los tres pagos, amén de seguir esperando la puesta al día de los retrasos que sufren en sus nóminas. “No hay dinero ni para abonarnos el primer pago de la indemnización”.
Así las cosas, los 12 trabajadores (que serán 10 desde hoy por la jubilación de uno de ellos y el fin del contrato de otro) siguen acudiendo a su puesto de trabajo “por obligación”, haciendo un trabajo “muy poco efectivo”, viviendo su larga historia con “tensa calma” y “prácticamente mirándonos las caras unos a otros”.
Es el último episodio de una empresa moribunda, que deja en el aire la función social de la vivienda que debiera priorizar el equipo de gobierno liderado por Pedro Rodríguez y que sigue agonizando porque, simplemente, no hay dinero para liquidarla.
