Todos los grupos de la oposición --PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y Grupo Mixto-- han vuelto a rechazar este jueves en el Congreso el proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que este jueves será previsiblemente aprobado de forma definitiva en el Pleno de la Cámara Baja con el único visto bueno del PP.
De este modo, como ha ocurrido desde el inicio de la tramitación parlamentaria de la norma, el PP se ha vuelto a quedar solo en su defensa del proyecto, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y la simplificación de trámites administrativos.
El texto al que hoy dará luz verde el Congreso y que ha sido criticado una vez más por la oposición por su carácter "centralizador" y por atacar al Estado de Bienestar fue aprobado en el Senado a principios de julio con el único apoyo del PP y con algunas modificaciones, lo que hacía necesario el visto bueno definitivo de la Cámara Baja.
Entre otras cosas, el PP aceptó modificar, mediante la transacción de seis enmiendas, cuestiones relacionadas con las licencias deportivas únicas, los consorcios sociosanitarios y el Consejo de la Juventud. Además, los 'populares' decidieron retirar a última hora dos polémicas enmiendas con las que pretendían modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y abrir la puerta a amortizar puestos de trabajo no considerados necesarios cuando han sido cubiertos de manera irregular.
"AVERSIÓN A LA DEMOCRACIA" Y "OBJETIVOS POLÍTICOS"
No obstante, los cambios no han satisfecho a los grupos de la oposición, tal y como ha manifestado el diputado del PSOE José Ignacio Sánchez Amor al inicio de su intervención, y tras anunciar el voto en contra de su grupo. "Pensábamos que era difícil empeorar la ley en el Senado, pero lo han conseguido", ha sentenciado.
Así, el parlamentario socialista ha criticado que el Gobierno trata con esta ley de "disfrazar de eficiencia" lo que, a su juicio, es un intento de recentralizar la Administración Pública y de atacar al Estado del Bienestar. "Tiene una verdadera aversión a una democracia extendida", ha sentenciado.
"No entienden que la administración pública es una fábrica de producir igualdad. Cada vez que tocan la Administración es para producir un desastre como este", ha agregado, al tiempo que ha denunciado que la norma tiene también "objetivos políticos".
En esta línea, el diputado de ICV, Joan Coscubiela, en representación de la Izquierda Plural, ha denunciado que el Gobierno "llama racionalización a cargarse el Consejo de la Juventud". "Les molesta el activismo asociativo de los jóvenes", ha criticado.
"EMPECINAMIENTO DEL GOBIERNO"
Asimismo, ha rechazado que con esta norma el Gobierno pretende "deteriorar el Estado social" y "vaciar de competencias las Comunidades Autónomas". "Racionalización sería que entendieran que a la democracia, como al campo, no se le pueden poner puertas", ha manifestado, tras lo cual ha aprovechado para defender el derecho de la ciudadanía de Cataluña de votar "para construir su futuro".
La portavoz de UPyD Rosa Díez también ha denunciado que se trata de una ley que no responde a las necesidades del país ni los problemas de la Administración. "Ha conseguido la unanimidad de la Cámara, pero unanimidad en contra. Demuestra la incapacidad del Gobierno de hacer una ley que verdaderamente responda a las necesidades del país. Cuando todos rechazamos la ley es que el empecinamiento del Gobierno es algo bien notable", ha aseverado.
"Es una mera disculpa para plantear ante Bruselas que están haciendo los deberes, cuando verdaderamente lo que están haciendo es aprovechar las circunstancias para no cumplir sus responsabilidades con los ciudadanos", ha lamentado.
"INVASIÓN DE COMPETENCIAS"
Por su parte, el diputado de CiU Antoni Picó ha vuelto a denunciar la "conculcación de competencias" que supone el proyecto de ley y que, a su juicio, sigue afectando, entre otros asuntos, a las licencias deportivas, a pesar de las modificaciones introducidas. "Somos muy críticos. No avanza en la racionalización y conculca las competencias en asuntos de auto organización, calidad universitaria o deporte", ha apostillado.
En esta misma línea, el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha denunciado "la falta de coherencia de muchas medidas, la ausencia de un marco general y la invasión e intromisión competencial". "Constituyen argumentos de fuerza suficiente para rechazar el proyecto. Reiteramos nuestra frontal oposición a la ley", ha asegurado.
Desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha denunciado que, a pesar del título, la norma "no habla de racionalización ni de reforma de la administración", sino que impone "una hoja de ruta" para "avanzar en el proceso de recentralización y de desmontaje del Estado del Bienestar".
"Prima una visión centralista que niega la realidad plurinacional. Aprovechan para invadir competencias de las Comunidades Autónomas", ha criticado, para añadir que cada vez que el Gobierno avanza con este tipo de leyes "en ese proceso de recentralización", su formación se reafirma en la vía de avanzar "hacia la independencia".
