La juez que investiga la supuesta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV en Cataluña ha acusado al exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol también de aprovecharse de "sus múltiples influencias políticas en beneficio propio" en operaciones de deslocalización de varias empresas, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Así lo recoge la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, en un auto que unifica este caso sobre deslocalizaciones con la pieza de las ITV en el que Oriol Pujol ya está imputado por cohecho y tráfico de influencias, han publicado este jueves varios medios.
La juez recuerda un escrito de Fiscalía que relataba su presunto 'modus operandi': cuando una empresa necesitaba los servicios de asesoría de la consultoría Alta Partners --sociedad de Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol-- contrataba "aparentemente" los servicios de la mujer del político, Anna Vidal.
Pero lo que cobraba Vidal presuntamente no era por los servicios que ella prestaba sino por los de Oriol Pujol, que "utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su mujer y de Sergi Alsina".
De esta forma el empresario conseguía "un indudable apoyo político en el Parlament y en la Generalitat de Catalunya que le facilita su labor profesional", según el auto.
700.000 EUROS EN 7 AÑOS
"Así pues, Oriol Pujol Ferrusola utiliza sus influencias políticas en beneficio de Sergi Alsina a cambio de retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de su mujer Anna Vidal, cuya labor de asesoramiento resulta ficticia", resume la juez.
En total, el importe de las facturas giradas y cobradas por Vidal a Alta Partners fue de 699.752 euros en siete años, por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.