El Gobierno de Mariano Rajoy y el PP catalán impugnarán la próxima semana ante los tribunales el decreto que ha firmado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, nombrando a siete miembros de la Comisión de Control del 9-N, órgano equivalente a una Junta Electoral, pese a que el TC suspendió de forma cautelar el pasado lunes la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la votación del 9 de noviembre.
Así lo ha anunciado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, a su llegada a la XXI Interparlamentaria que el PP celebra en Guadalajara, donde ha afirmado que el Ejecutivo está actuando "con firmeza y serenidad". "El Gobierno está moviendo ficha porque va a llevar a los tribunales y va a impugnar la firma de Artur Mas nombrando a los siete consejeros de esa Junta Electoral, que no puede existir", ha abundado.
La dirigente del PP catalán ha asegurado que Mas está en un "callejón sin salida" y ha añadido que lo "único" que pretende con el nombramiento de esa Junta es "ganar tiempo". A su juicio, el presidente de la Generalitat "no puede seguir con los preparativos del referéndum ilegal".
Es más, ha señalado que esa unidad de los partidos independentistas "cada día está más en riesgo". "Les queda muy poco tiempo para que esa unidad empiece a romperse y resquebrajarse, los partidos independentistas no son una unidad real sino una unión de intereses para un referéndum ilegal que no se va a hacer el 9 de noviembre", ha indicado.
Según Sánchez-Camacho, Mas "finalmente" va a tener que decir la verdad "a todos los catalanes", dejando claro que el Gobierno catalán "no va a poner urnas el 9 de noviembre" y "no va a hacer ese referéndum porque es ilegal y porque está suspendido por el Tribunal Constitucional".
