La secretaria personal del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, durante más de 30 años ha interpuesto, junto a otros trabajadores, una querella contra el empresario al no poder cobrar las indemnizaciones por despido por haber sido traspasados a una empresa del grupo carente de activos y sin propiedades, con un capital social mínimo de 3.010 euros.
La querella criminal, que ha sido admitida a trámite, se ha interpuesto contra el empresario, seis de sus hijos y la firma Enjambradera, propiedad de los Ruiz-Mateos y a la que fueron traspasados los empleados, por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores.
En concreto, la secretaria y persona de confianza de Ruiz-Mateos durante más de 30 años, Estrella Torres, ha denunciado, junto a otros empleados, el traspaso de empleados en 2010 desde empresas solventes del grupo a la sociedad Enjambradera, carente de activos, y creada 'ad hoc' para, según la familia, evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente y a los que les estaban aplicando convenios colectivos diferentes.
En ese momento se les reconoció la antigüedad y la categoría a todos los trabajadores, pero no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa, según ha explicado el despacho de abogados Legalitas, encargado de interponer la querella.
Poco después, entre los meses de mayo y octubre de 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales "o lo intenten cobrar a través del Fogasa", como manifiesta uno de los hijos a través de un correo electrónico.
En ese escenario, los trabajadores solo podían demandar sus indemnizaciones a la empresa Enjambradera, con la que mantenían la relación laboral, y que, según ha explicado Legalitas, había sido creada 'ad hoc' con una capital social mínimo de 3.010 euros sin capacidad económica ni propiedades para hacer frente al pago de las millonarias indemnizaciones de los trabajadores.
"El perjuicio causado a estos trabajadores es claro y resulta de la actuación dolosa, mediante engaño suficiente y abusando de la confianza de los trabajadores, en ejecución de un plan premeditadamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales", ha señalado el despacho.
Según Legalitas, para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas de Nueva Rumasa se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras con el ánimo, presuntamente, de evadir las obligaciones fiscales.
"De estas investigaciones se deduce la ingeniería financiera que opera en Nueva Rumasa. Durante años, presuntamente de manera premeditada y en beneficio propio, la familia Ruiz-Mateos ha creado una falsa apariencia de solvencia de un grupo empresarial que no era tal", ha señalado.
El auto por el que se admite la querella acuerda citar en calidad de imputados a los querellados que tendrán que declarar en los próximos días.
