Las autoridades de Bahréin han detenido este domingo al secretario general del principal partido opositor del país, Al Wefaq, un día después de que fuera citado a presentarse en comisaría para responder por los supuestos delitos cometidos durante una manifestación contra el Gobierno a favor del aumento de las libertades democráticas.
La formación chií ha indicado a través de un comunicado que las autoridades no han presentado cargos contra el jeque Alí Salman y ha hecho responsable de su bienestar al Ministerio del Interior.
Asimismo, ha manifestado que las acciones tomadas contra Salman "son una aventura peligrosa y arbitraria que complicará la escena política y de seguridad en Bahréin". Por ello, ha pedido su liberación "inmediata e incondicional", así como el fin de la represión de la oposición política.
Por su parte, varias organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por la detención del secretario general de Al Wefaq, resaltando que la misma "contribuirá a un mayor deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el país, lo que podría fortalecer la postura de los extremistas".
Así, el Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR), Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahréin (ADHRB), y el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia (BIRD), han pedido su liberación y que se retiren los cargos contra él.
Salman es uno de los varios altos cargos de Wefaq que tendrán que pasar por comisaría para responder por "delitos" sin especificar cometidos durante una protesta convocada el viernes en la carretera que enlaza la capital, Manama, con la ciudad de Budaiya, a pesar de que había contado con la autorización oficial.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
