De imputado a procesado. Habrá juicio para determinar definitivamente si el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, cometió un delito de prevaricación en relación con el club de Playa Funky Buddha, que estuvo abierto todo el verano pese a contar con expedientes de paralización de obras y multas, que el edil no firmó. Ahora que el embrollo ha alcanzado ese momento procesal, concluida la fase de instrucción, en el PSOE, que ejerce también la acusación particular en este caso, luego de que Fiscalía abriera diligencias al respecto, piden responsabilidades políticas y económicas.
Hay otra cuestión sobre la que han llamado la atención el PSOE. Cuánto se ahorró la empresa en multas. Cuánto dejó de ingresar el Ayuntamiento por este concepto.
El portavoz municipal de los socialistas, José Bernal ha manifestado que el juez ve indicio de delito en el hecho de que Moro haya dejado de firmar cuatro decretos de paralización, y dos borradores de multa coercitiva. “El delito es de prevaricación administrativa penado en el artículo 404 del Código Penal con inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el periodo de 7 a 10 años”.
“En este momento reiteramos que el Ayuntamiento, como parte perjudicada, debería personarse en la causa y acusar a Moro”, señaló Bernal, y dice que si no lo hace “la alcaldesa podría evidenciar que el edil de Urbanismo no actuó solo, sino bajo recomendación de alguien”.
Bernal ha pedido a la regidora que revise el código ético del Partido Popular para ver cuál será el futuro del edil de Urbanismo, y añadió que “Muñoz tendrá que actuar en consecuencia con lo que dicta su partido”.
El portavoz socialista ha señalado que Marbella “no puede verse cuestionada nuevamente por las actuaciones en materia de urbanismo que tantos problemas han generado a esta ciudad en un pasado, y que no estamos dispuestos a permitir que se repitan”.
Del mismo modo, avanzó que el PSOE seguirá personado en la causa contra el edil de Urbanismo “en defensa de los intereses de esta ciudad”.
Los socialistas trambién exigen que el Consistorio pida la devolución del dinero que ha costado la representación legal de Moro durante la fase de instrucción.
