“El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones sociales de Andalucía. Por esta razón nace el Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que desarrolla una política de vivienda orientada a atender las necesidades sociales”. Así es como presenta la Consejería de Vivienda y Fomento un plan en el que destacaba, como novedad, “el incremento de la cuantía de las ayudas, la garantía de que un ciudadano no realice un esfuerzo económico superior al 1/3 de los ingresos familiares para el pago de las mensualidades y, finalmente, una programación más adecuada a los niveles de renta”. Sin embargo, como dice el refranero popular, del dicho al hecho hay un trecho.
De hecho, muchos de los onubenses que adquirieron una Vivienda de Protección Oficial (VPO) por aquella época y que solicitaron acogerse a dicho plan, aún están esperando, y no sólo a que les abonen las ayudas, sino lo que es peor, a que la Administración andaluza resuelva la concesión de esas ayudas.
Por ello, cansados de llamar a todas las puertas, de acudir día sí y día también a la delegación provincial para preguntar sobre las ayudas, de presentar escritos que no obtienen respuesta satisfactoria, se han unido en una plataforma que este jueves celebra una asamblea para recibir asesoramiento jurídico.
Victoria González es la portavoz de Afectados Subsidiación VPO Huelva, integrada en la plataforma ViviendaProtegidaSi, y es a su vez una de las afectadas. En su caso, junto a su marido compraron su vivienda en septiembre de 2011, en la promoción Ánfora, por el Seminario.
Haciendo cálculos de lo que tendría que hacer recibido si la Administración andaluza hubiera resuelto ya las ayudas y hubiera aprobado las que solicitó, la cifra casi roza los 13.000 euros. Son exactamente 12.965 euros, correspondientes a 41 mensualidades (6.765 euros), más 5.000 euros de la ayuda a la entrada y otros 1.200 de ayudas a los trámites de escritura y notaría. Además, asegura que “se deben ayudas desde mayo de 2009, y calculamos que en Huelva se deberían entre cinco y siete millones de euros”.
Aún no ha recibido nada, y no será por falta de interés, pues en su visita a Viva Huelva llegó cargada con una carpeta repleta de documentos, aunque lo más interesante es lo que no está escrito. “Nos han dicho en Vivienda que el problema es que no hay consignación presupuestaria, y por ello oficialmente no pueden resolver las ayudas, porque una vez aprobadas, podríamos reclamarlas judicialmente”, aunque curiosamente, en el expediente judicial de Victoria aparecen como aprobadas, bajo el epígrafe “resolución procedencia”. Tampoco vale.
De ahí que este jueves vayan a reunirse con dos abogados de ViviendaProtegidaSi, para ver qué opciones tienen, pues ahora mismo “nos sentimos atados de pies y manos porque oficialmente no están concedidas las ayudas y no las podemos reclamar”.
Por ello, lanza una petición a Vivienda y a la Administración andaluz: “Que resuelvan ya nuestros expedientes y den presupuesto a estas ayudas, porque llevamos muchos años esperando”.
Ayudas estatales
Además de las ayudas del plan autonómico, estos propietarios de VPO también se acogieron al Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, de ámbito estatal. En este caso se trata de ayudas para el préstamo de la vivienda, en concreto, subsidiación de préstamos convencidos.
En un primer momento no hubo problemas y llegaron las ayudas. Sin embargo, esta ayuda se podía prorrogar hasta que el Gobierno aprobó una ley en 2013 que suprime retroactivamente el derecho de estas familias a prorrogar su ayuda a la subsidiación por cinco años más, tal como venía recogido en los planes de vivienda a los que se acogieron los préstamos convenidos de los afectados. También abordarán este tema en la asamblea, aunque no es su principal preocupación, ya que, afortunadamente, cuentan con sentencias favorables al respecto.
