La defensa del exalcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta (PP), acusado de un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, ha pedido en su exposición de las cuestiones previas la nulidad de la causa al considerar que en la primera fase de investigación "no hubo control judicial" y su arranque fue "ilícito". De igual forma, ha solicitado que el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva decrete la prescripción de ambos delitos al entender que estaban "prescritos" dos años antes de su imputación en 2011.
Durante su intervención, el letrado de Orta, Manuel Macías, ha asegurado que "se han vulnerado derechos fundamentales" de su cliente y cree que, con su detención, al ser alcalde, "se buscaba un momento mediático", ya que Orta iba a colaborar con la justicia.
En esta misma causa están acusados su concejal de Urbanismo, entre 2003 y 2007, Casto Pino, como presunto autor del delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, y A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de una empresa, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública.
El letrado del exconcejal, Francisco Baena Bocanegra, ha pedido en su exposición la nulidad de los dos primeros autos, editados en marzo de 2008, de las intervenciones telefónicas y de todas las pruebas realizadas, y ha tildado de "demoníaca" la investigación, la cual "no tenía ni pies ni cabeza ni justificación procesal ni material", indicando además que se realizó, según ha expuesto, "sin que un juez tuviera el más mínimo conocimiento de la misma durante tres meses".
A su vez, ha asegurado que en la denuncia "bastó decir que se habían recibido informaciones", ya que "no hay ni un solo dato objetivo referido a la corrupción, más allá de decir que se tienen informaciones".
"No son indicios las simples sospechas", ha precisado la defensa, a lo que añade que teniendo en cuenta el patrimonio de los acusados "no se puede afirmar que se hayan enriquecido ilícitamente", así como que "no hay indicios ni de corrupción ni de delito fiscal". De igual forma, cree que si el juez declara que "los autos no se ajustan a la legalidad, debe arrastrar la nulidad de todos", por lo que ha solicitado la suspensión de este juicio.
Por su parte, el abogado de A.G.V. ha insistido en la prescripción del delito de falsedad documental, ya que "las presuntas facturas falsas son de 2004, 2005 y 2006 y su prescripción es de tres años, por lo que ya habría prescrito, al citarse en la causa por primera vez en septiembre de 2009", y ha recordado que su cliente está en la causa por la declaración del IRPF de 2004.
NEGACIÓN DEL FISCAL
El Ministerio Fiscal no obstante se ha opuesto a estas peticiones y ha tildado de "tremendista" la posición de los letrados. A su vez, ha abogado por descartar "el efecto dominó" en caso de nulidad porque el auto inicial "únicamente afectaba a dos teléfonos".
Además, ha precisado que "existen incrementos patrimoniales que no estaban justificados" y sobre la petición de la prescripción, ha remarcado que los acusados "estaban imputados desde 2008 y que esta imputación se ha mantenido en el tiempo".
El juicio se reanudará el próximo lunes, sesión en la que está previsto que declaren los acusados. Cabe recordar que para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el exregidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.
La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.
CASTO PINO, EN OTRAS CAUSAS
Cabe recordar que Casto Pino, exgerente y secretario del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva además de concejal de Urbanismo en las fechas citadas, también está imputado por otra causa en relación a un desfalco de más de un millón de euros en la citada institución, en la que también están relacionados su esposa, el decano de la misma, el tesorero y el interventor.
Por estos hechos, tres de ellos, incluido Pino, fueron detenidos el pasado mes de mayo, y puestos en libertad a continuación, por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales, contando con antecedentes penales Pino y el asesor contable por delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello tras el inicio de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el propio colegio.
