La Audiencia Nacional ha confirmado el mantenimiento de prisión provisional del presunto 'cerebro' de la trama Púnica, David Marjaliza, y de su secretaria personal, Ana María Ramírez, ante el "elevado" riesgo de que se fuguen o destruyan pruebas en caso de quedar en libertad, en el marco de la causa en la que se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" entre la red con la Administración Pública.
Así consta en dos autos en los que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por el empresario Marjaliza, al que según la investigación se le atribuyen más de 150 compañías, y por su secretaria Ana María Ramírez, contra la decisión del juez instructor Eloy Velasco de confirmar su internamiento en prisión, en la que ingresaron el 30 de octubre.
Las actividades de la 'red Púnica', según los jueces, tuvieron un perjuicio en el erario público y fomentaron "detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado". En este sentido, explican que la confirmación de la medida cautelar no es "desproporcionada" al concurrir "sobradamente" los requisitos legales y teniendo en cuenta el "grave" carácter de los hechos que se les imputan y la "labor profesional" de Marjaliza y la cantidad de "implicados y sociedades utilizadas".
En este sentido, el auto menciona la "presunta connivencia" del socio y amigo de la infancia del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados con "un grupo de empresarios del ramo de la construcción con una importante capacidad de influencia sobre determinados políticos locales de Valdemoro y alrededores que dieron lugar a un volumen millonario de beneficios", tal y como advirtió la Fiscalía para negar su puesta en libertad.
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel reconocen el arraigo personal, familiar y social de Marjaliza, pero aseguran que se "desconoce" el alcance de su colaboración con la Justicia y se niegan a hacer comparaciones entre su situación y otros acusados de la trama.
DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
El tribunal también confirma la situación de prisión provisional de Ramírez argumentando que su excarcelación conllevaría "el riesgo de destrucción u ocultación de fuentes de prueba" y que no se pueden descartar "otros riesgos relevantes" como "la reiteración delictiva y la huida" de la recurrente.
Contra Ramírez existen "serios indicios" de que, como "secretaria" de Marjaliza, tuvo "un importante rol en la trama delictiva desbaratada", presuntamente dedicada a "mover voluntades" en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para obtener "cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos" cuyos beneficios eran trasladados después a "paraísos fiscales".
El auto de la Sección Cuarta recuerda que Ramírez fue "depositaria" de "documentación sensible" de la trama que fue encontada en su domicilio y que la investigación ha revelado el "gran protagonismo" que tuvo en "el diseño y pervivencia de la estructura delictiva desarticulada".
El juez atribuye a Marjaliza y su secretaria presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron la pasada semana distintas propiedades de Marjaliza, donde encontraron diversas obras de arte y extensa documentación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica.
