La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar cinco años y tres meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados de un delito contra la salud pública después de que trataran de introducir en España más de 700 kilogramos de hachís en una embarcación con la que alcanzaron las costas de Adra (Almería).
Según recoge la calificación provisional del Ministerio Público, los acusados de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 31 y 47 podrían ser penados con un año de prisión adicional en cada caso si no pudieran hacer frente a la multa de 3,2 millones de euros que se les reclama a cada uno.
Los hechos tuvieron lugar en mayo del pasado año, cuando los cuatro acusados "de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito", se concertaron para realizar un traslado a España de un alijo de hachís para su venta a terceras personas, con lo que se ocuparon de obtener los medios materiales y personales para el desembarco, transporte, vigilancia y custodia de la carga, según la Fiscalía.
De esta forma, dos de los acusados se encargaron de conducir una embarcación de unos seis metros de eslora que, sobre las 9,30 horas, fue detectada por el servicio integrado de vigilancia exterior (SIVE) frente a las costas de Adra, con lo que se estableció un dispositivo de vigilancia por parte de la Guardia Civil.
Asimismo, se realizó un seguimiento sobre la zona alertada donde se encontraban los otros dos acusados con una furgoneta propiedad de una empresa de construcción, un camión y un bote de fibra de vidrio. Así, la lancha con el estupefaciente tomó tierra a unos 100 metros de donde se encontraban los medios terrestres, lugar en el que se descargó el alijo antes de poner rumbo hacia Guardias Viejas.
Fue en este momento cuando se produjo la intervención policial, que permitió incautarse los 27 fardos de hachís --14 de ellos ya cargados en la furgoneta--, que arrojaron un peso de 767,7 kilos de hachís. Del mismo modo, se detuvo a uno de los acusados que estaba en tierra mientras que el otro, que logró escapar, fue detenido tres días después. Por su parte, el servicio marítimo detuvo al resto de acusados en alta mar.
El fiscal señala los hechos como un delito contra la salud pública con agravante de notoria importancia y uso de embarcación, sentido en el que los cuatro acusados han estado privados de libertad desde su detención. El juicio tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.
