El vicesecretario del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Huelva, Daniel Hernando, que será juzgado el 28 de octubre por su participación en un piquete en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, podrá en marcha una campaña de solidaridad para afrontar la sanción.
Hernando se enfrenta a pena de 18 meses de cárcel y multa de 300 euros en el proceso penal y a una sanción de más de 60.000 euros en el proceso administrativo abierto por la Subdelegación del Gobierno.
En declaraciones a Efe, Hernando ha indicado que esta campaña de solidaridad que va a poner en marcha tiene dos objetivos, uno de ellos la recaudación de fondos, mediante organización de actos, para "de darse el peor de los escenarios" pudiera hacer frente al pago de dicha sanción económica ya que por sí solo "no tiene capacidad para hacerlo, por eso pido apoyo".
Ha explicado que este proceso administrativo está paralizado hasta que se concluya el judicial y "únicamente una absolución total nos permitiría recurrir y tumbar el anterior y que la Subdelegación desistiera de su intención".
El otro objetivo que persigue la iniciativa es "la denuncia" y que "todo el mundo conozca el proceso de represión" que se está llevando en su contra por participar en un piquete.
Ha indicado que es un proceso que no responde a "un caso individual, sino colectivo, la ofensiva de la patronal y su expresión gubernativa no es contra un militante comunista de Huelva, sino contra toda forma o expresión de protesta social: contra los movimientos sociales, contra el movimiento obrero, contra las organizaciones revolucionarias".
La causa será vista en el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, cuatro años después de que ser imputado, después de que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional informara de oficio a los juzgados sobre los hechos acontecidos en esa jornada de huelga.
El escrito remitido a los juzgados indicaba que Hernando fue promotor de varias acciones durante la jornada de huelga, entre ellas el corte de la autovía que une Huelva con los pueblos de la costa occidental, que realizó un grupo de unas cien personas.
También relacionaron a Hernando con los hechos ante la sede de la Delegación Provincial de Hacienda, donde, según la resolución, "cortaron el acceso a un centro de trabajo valiéndose para ello de desórdenes públicos" en el marco de los cuales se le acusa de "abalanzarse contra un policía" para separarlo de sus compañeros momento en el que "el agente sufre lesiones en su mano izquierda cuando intentaba evitar que el grupo dirigido por esta persona le quitara el arma".
