La juez de instrucción 3 de Sevilla, que investiga la concesión de la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ha rechazado la petición de la acusación en el caso, Emerita Resources, de imputar a más cargos de la Junta de Andalucía.
Emerita había solicitado la imputación del secretario general de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, lo que rechaza la juez en un auto al que ha tenido acceso Efe.
La juez señala que, "por más cuestionable que pueda resultar que un secretario general realice llamadas 'para interesarse' por el curso de un proceso de negociaciones entre empresas privadas llamadas a participar en un concurso público, la evidencia de la llamada realizada en abril del 2014 no es encuadrable en ningún tipo del Código Penal".
La acusación también pidió que se investigara el patrimonio de Ángel Joaquín Maestre García, "que participó en la elaboración de las bases y en el proyecto de Minorbis-Grupo México", empresa que ganó el concurso, lo que también rechaza la magistrada.
En el auto se indica que no es lícito que el juzgado desarrolle diligencias de investigación respecto del aspecto patrimonial u otros relacionados con Maestre dado que no ha sido citado en ningún momento como imputado o investigado, y por tanto supondría una extralimitación inadmisible en la labor instructora.
"Resulta necesario recordar que no es procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que someramente pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados sin que se explicite su trascendencia concreta respecto de los mismos, indica la juez.
Respecto del informe pericial sobre aspectos técnicos y económicos que la empresa Emérita se compromete a aportar a la causa, la juez insiste en su auto que lo aporte "a la mayor brevedad".
La juez hace esta precisión "teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra abierta desde hace varios meses y que no resultaría justificado prolongar las actuaciones, dilatándolas innecesariamente cuando ya se ha alcanzado la necesaria acreditación de lo realmente acontecido".
En este caso, la juez ha imputado a siete personas, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio; a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y a un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.
Además, la juez ha imputado a tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación, así como a una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas.
