La jurisdicción universal se aplica actualmente en la Audiencia Nacional, donde se tramitan causas que afectan a países como China, Israel o Estados Unidos.
La mayoría de los jueces de instrucción de este tribunal consultados por Efe se manifiestan en contra de esa limitación a excepción del nuevo presidente, Angel Juanes, que cree que debe acotarse a los casos que impliquen “intereses nacionales”.
El acuerdo entre PP y PSOE, y consensuado con la mayoría de los grupos, según han confirmado fuentes parlamentarias, consiste en la presentación de un paquete conjunto de enmiendas al proyecto de ley que desarrolla la implantación de la Oficina Judicial, en las que, además de las reivindicaciones de los jueces, se incluye la reforma de la jurisdicción universal.
El texto de la enmienda propone la modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería.
La modificación prevista limita en esta materia la actuación de los tribunales españoles a los casos en los que quede acreditado que los presuntos responsables del delito están en España o que existen víctimas españolas.
Igualmente, establece que el proceso penal abierto ante la jurisdicción española se archivará cuando quede constancia de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país competente o en el seno de un Tribunal internacional.
El texto recoge la petición de una de las propuestas de resolución, consecuencia del Debate del Estado de la Nación, que fue aprobada el pasado martes en la Cámara Baja por una amplia mayoría.
