El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la declaración como nulos, los nombramientos de los cuatro contratos de personal de confianza mediante decretos dictados por Jorge Romero, según ha informado en su web el partido político PIBA 2000.
"Todo ello viene a demostrar que el alcalde pretendía atribuir funciones propias de funcionarios al personal de confianza, no siendo válido, ningún documento emitido y firmado por este personal de confianza. De esta manera, pretendía del mismo modo, eliminar el control jurídico que llevan a cabo los funcionarios. Resulta difícil de concretar los perjuicios que han tenido lugar con esta decisión del Sr. Romero, de contratar a estas cuatro personas, las cuales, han emitido informes tan importantes referentes a temas como el presupuesto municipal, la relación de puestos de trabajo, las situaciones de los empleados públicos, las contrataciones públicas, etc.", sostitnen.
Señalan también que "Romero, tras saber la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Andalucía, decidió cambiar la denominación de las plazas creadas así como las funciones de este personal de confianza, así como las retribuciones, las cuales se han incrementado, para asegurarse el contar con estas personas, para beneficiar a personas de su entorno. El ejemplo más claro, el nombramiento como secretario de Alcaldía del hijo del delegado de la zona franca, o a un ex-empleado de banca que está sustituyendo las labores de intervención municipal".
Todo ello, ha llevado al PIBA2000 a "impugnar estos nuevos nombramientos de personal de confianza, que de nuevo, han sido realizados mediante decretos del Alcalde, llevando a ocupar plazas que corresponden a funcionarios, y mostrando una falta de respeto hacia la justicia".
Añaden que "posiblemente estemos ante un presunto caso de malversación, debido a que se incrementó las retribuciones de este personal en contra de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Estado".
Por ello, "ante la posibilidad de que se haya cometido una actuación presuntamente delicitiva", el PIBA2000, trasladará a la Fiscalía, la cuestión al incremento de retribuciones del personal de confianza.
