Atendiendo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), el Ayuntamiento es el responsable de acometer las tareas de mantenimiento y conservación de aquellas viviendas que son de su titularidad, labor que realiza la Unidad de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Dicha Unidad, al frente de la cual se encuentra la responsable del área de Urbanismo, Inmaculada Muñoz, sacó a licitación el pasado año un contrato de servicios, para lo cual invitó a concurrir a tres empresas sanluqueñas con experiencia en el sector de la construcción, y más concretamente en tareas relacionadas con la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento en la edificación. En total, durante la anualidad 2015 se han realizado un total de 69 actuaciones, la totalidad de las solicitudes realizadas por los inquilinos, con un coste total de 18.789,84 euros.
Dichas actuaciones se llevaron a cabo en la promoción de 90 viviendas Azabache, en las 84 de Virgen del Mar, en las 12 de Bajo de Guía y en las 10 de la Dehesilla. La mayor parte de las mismas se realizaron en las propias viviendas (52), mientras que el resto se efectuaron en las zonas comunes. Las más numerosas tuvieron que ver con humedades o filtraciones de agua (22 en total), sustitución de sanitarios (11), carpintería (12) y revestimientos (6) y una relativa a la reforma de la instalación eléctrica.
El 44 por ciento de la inversión estuvo destinado a la reforma o mejora de las zonas comunes.
A la finalización de los trabajos los inquilinos de las viviendas deben cumplimentar una encuesta de satisfacción de los mismos, cuyos resultados en los 69 casos han sido de plena satisfacción con las obras ejecutadas y la empresa que las realizó. Además, de estos trabajos realizadas con cargo al contrato licitado, se han realizado otras actuaciones con cargo a otras partidas presupuestarias, como son las tareas de desinsectación de los edificios de viviendas municipales.
Por otra parte, el Gobierno local puso en marcha el pasado año la Ordenanza Reguladora de Gestión de la Vivienda Municipal, cuyo objeto es regular la gestión y aprovechamiento del parque de viviendas de titularidad o de gestión municipal –tanto si son de organismos públicos como de entes privados, en su caso- con sujeción a la normativa en materia de vivienda protegida. También establece la creación de un Registro Municipal de Viviendas, rigiendo su funcionamiento.
La Ordenanza regula también el procedimiento destinado a la reducción de la carga económica que supone el abono del alquiler de viviendas de titularidad o gestión municipal a aquellos arrendatarios que caigan en situación de especial vulnerabilidad económica, facilitando el pago de la renta a las unidades familiares que se encuentren en dificultades para hacer frente al abono del alquiler y que no hayan podido acceder a ayudas con idéntico fin provenientes de otras administraciones.
