PP-A, Podemos y Ciudadanos (C's) han confirmado este martes que pedirán que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparezca en la comisión de investigación sobre las irregularidades en los cursos de formación y que lo harán en la primera ronda de comparecientes que los grupos deben registrar el próximo martes, 26 de enero, merced del acuerdo alcanzado este martes en una reunión del órgano. La decisión de los comparecientes se decidirá por votación ponderada en la comisión.
En una nueva reunión de la comisión de investigación este martes, los grupos han acordado que el día 26 a las 19,00 horas finalizará el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de listado de comparecientes para una primera ronda, unos listados que se someterán a votación del órgano el siguiente viernes, 29 de enero. No obstante, habrá una segunda ronda de solicitudes de comparecencias, una vez sustanciadas las primeras.
Asimismo, los grupos han acordado "de manera unánime", según el presidente de la comisión, Julio Díaz, adelantar el inicio de las comparecencias para febrero con el interventor general de la Junta y los ocho interventores provinciales. Concretamente comparecerán el 16 y 18 de febrero, en turnos de mañana y tarde, y el 19 por la mañana, cuando será el turno del interventor general, según ha avanzado en rueda de prensa.
Julio Díaz ha explicado que se ha admitido que los interventores pudieran comparecer cuanto antes en la comisión y que el PSOE-A, si bien se ha mostrado a favor, "ha matizado que veía más favorable que los interventores acudieran con el resto de comparecientes". De hecho, el representante socialista en el órgano, Rodrigo Sánchez, ha advertido de que impugnarán esta decisión de llevarse a cabo.
El presidente también ha explicado que se dirigirá nuevamente al Gobierno andaluz para requerirle que aporte la documentación que aún resta por llegar en formato digital y para mostrarle su "malestar", así como para pedirle que digitalice la información que no lo esté para que sea "más operativo, y por cuestión de espacio y agilidad".
Además, formulará otro escrito al conjunto de administraciones e instituciones a las que la comisión de investigación también ha solicitado documentación y que aún no la han enviado. Como se recordará, se ha requerido información al Gobierno de Madrid o al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otras administraciones.
Con todo, Julio Díaz ha celebrado que con los acuerdos alcanzados este martes se "aceleran los ritmos" de la comisión "como era voluntad de este presidente".
PSOE-A CREE QUE SUSANA DÍAZ NO DEBE COMPARECER
De su lado, el diputado socialista Rodrigo Sánchez ha criticado que se cite a los interventores de manera independiente al resto de comparecientes porque supone "saltarnos el plan de trabajo que trazamos", y ha anunciado que impugnarán este acuerdo "si se lleva a efecto". Entiende que "no hay justificación" para que se establezca un calendario separado para los interventores y que deberían citarse como "a un compareciente más".
Además, ha considerado que la presidenta de la Junta no debe comparecer en la comisión porque "no tenía responsabilidad de gobierno ni existían convocatorias de formación en el momento que empezó a tener responsabilidades de gobierno". Mientras, ha señalado que el PSOE-A aún no tienen "esbozada" la totalidad de comparecientes que propondrán.
Asimismo, ha criticado que el SEPE no haya mandado aún la información que han requerido y ha explicado que, será en función de esa documentación, cuando decidan si llamarán a la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, al tiempo que ha defendido que de la Junta llega "muchísima" de la documentación solicitada.
La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, acompañada por Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico, miembros de la comisión de investigación, ha dicho que las comparecencias se van a iniciar gracias al empeño de su partido y ha acusado a Susana Díaz de poner "más trabas" a esta comisión de las que pusieron los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la de los expedientes de regulación de empleo.
Ha asegurado que esta comisión está siendo "una carrera de obstáculos" para su partido y que de las 106 peticiones de documentación que han formulado, solo han recibido ocho "y de forma incompleta". Por ello, el PP-A ha pedido al presidente de la comisión de investigación que se elabore un escrito de "apercibimiento" al Gobierno de Susana Díaz y no un "simple escrito benévolo".
Crespo, que ha considerado necesario que Díaz dé explicaciones sobre cuántas sedes de su partido se han podido pagar con los fondos de los cursos de formación, ha dicho que no van "vetar a nadie" en la comisión, pero que no se puede equipar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con las actuaciones del Gobierno andaluz en esta materia.
Por Podemos, el parlamentario Juan Ignacio Moreno Yagüe ha celebrado que "por fin" comienza la ronda de comparecientes y ha avanzado que su grupo citará, además de a Susana Díaz, a los consejeros y responsables en materia de formación durante el periodo investigado, a técnicos, formadores y personal de la Junta de niveles inferiores como funcionarios "de a pie". Aún no han tomado una decisión sobre la ministra de Empleo.
Además, el dirigente de la formación morada ha criticado que la Junta "nos toma el pelo" porque no llega la información que ha solicitado Podemos, "solo ha llegado un archivo, de 2016 y que no es útil", ha alertado.
Marta Bosquet, de C's, sí ha confirmado que citará tanto a Susana Díaz como Fátima Báñez y ha asegurado que "nadie que pueda aportar luz se va a escapar de comparecer en la comisión de investigación presidida por C's" y que a su partido "no le va a temblar el pulso a la hora de llamar a nadie"
Ha explicado que su grupo "tiene ya un primer listado de solicitudes de comparecencias sin perjuicio de que haya una segunda ronda", al tiempo que ha criticado que están recibiendo expedientes incompletos. "Hay expedientes de reintegro que no tienen la notificación a la persona requerida. Esto es preocupante, ya que puede prescribir y no se podría recuperar el dinero de los andaluces", ha advertido.
Por parte de IU, la portavoz en el órgano, Elena Cortés, ha indicado que su grupo pedirá las comparecencias de consejeros y directores generales de formación para conocer los vínculos entre los diferentes gobiernos de la Junta "y las tramas de empresarios que han hecho posible el fraude millonario en los cursos de formación".
Cortés ha celebrado que ya haya "acuerdos sustanciales" que permitan arrancar los trabajos de investigación, y ha detallado que solicitará la comparecencia del exconsejero andaluz Ángel Ojeda o Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional cesado en noviembre de 2014. De su lado, ha considerado "innecesarias" las comparecencias, en este momento de la investigación, de Susana Díaz y de Fátima Báñez.
