El exbanquero Mario Conde ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Santiago Pedraz de decretar su ingreso en prisión incondicional y ha defendido que no hay riesgo de que destruya pruebas ni tampoco de que se de a la fuga, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La defensa de Conde, ejercida por el abogado Ignacio Peláez, ha basado su petición en que su cliente nunca ha quebrantado las medidas que le fueron impuestas tras obtener el tercer grado por el 'caso Banesto' y siempre ha permanecido localizable a ojos de la Justicia durante los permisos penitenciarios.
A su entender, no se justifica tampoco una hipotética destrucción de pruebas en un proceso incoado después de haber sido condenado hace más de una década y teniendo en cuenta que su representado ha colaborado y está dispuesto a facilitar la información que le solicite el magistrado que investiga si creó un entramado empresarial para repatriar 13 millones de euros procedentes del 'caso Banesto'.
Pedraz decretó el pasado 13 de abril el ingreso en prisión provisional de Conde, que presidió Banesto desde 1987 hasta que fue intervenido en 1993 por el Banco de España y que volvió a pisar la cárcel tras haber obtenido la libertad condicional en julio de 2008 tras cumplir condena en Alcalá Meco por el saqueo de la entidad.
La primera vez que el exbanquero entró en la cárcel fue en diciembre de 1994 cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el 'caso Banesto. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el 'caso Argentia Trust' hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa.
El juez señaló en su auto que Conde adeuda 14,1 millones de euros de responsabiidad civil por el caso Banesto y tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria.
El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.
Pedraz investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución --de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otras-- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
En concreto, Conde fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).
Según explica el magistrado, la trama la constituían ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes, que emitían los fondos. En concreto, se trata de Galloix Holding (Suiza), Higher Productions LTD (Reino Unido); Dryset LYD (Reino Unido); Matoral BV(Países Bajos); GI Beteiligund SA (Luxemburgo), Mayfield Bisiness LTD (Reino Unido) , Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes) y GMM Italia. El entramado contaba también con ramificaciones en las Islas Vírgenes y Curaçao.
El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde: Barnacla SL, Black Royal Oak y Oleificio Español que, a su vez, estaban participadas por otras compañías de ramos tan dispares como la cosmética o la agricultura.
