El juzgado de lo penal 13 de Sevilla ha suspendido las primeras jornadas del juicio por la presunta venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla, en el que hay diez acusados entre políticos, empresarios y técnicos, por la petición de uno de los encausados, Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
En una providencia notificada hoy, la juez acuerda suspender los señalamientos previstos los días 19, 20, 22 y 23 de diciembre, cuando se abordarían las denominadas cuestiones previas, y las fija a partir de 17 de enero, "como estaba previsto en el anterior señalamiento", cuando se fijaron 28 sesiones para el juicio.
En su resolución, la juez explica que toma la decisión por la petición de Torrijos y aclara que, "para garantizar la intimidad del acusado, así como sus datos de naturaleza privada, se procede a crear pieza separada en sobre cerrado, a los efectos de que dicho informe no conste en autos".
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por su parte, señala que el comienzo del juicio "se ha tenido que suspender por causa imprevista de una de las partes".
La juez que instruyó el caso, Mercedes Alaya, dictó en abril de 2015 un auto de apertura de juicio oral por la venta "fraudulenta" de suelos de Mercasevilla en 2006, que se adjudicaron a Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor, según la Fiscalía.
Entre los acusados se incluyen el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos; el exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet; el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero.
La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para Torrijos y para el exconcejal del PSOE además de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.
También están acusados el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
La juez afirmó que en este caso se cometieron los delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación.
El fraude se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, por el "concierto previo" entre los acusados para que el concurso de los suelos "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
"La mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor" de Sanma, según las conclusiones de la juez Alaya.
Según la Fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
