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Sevilla

Espadas sobre la mezquita: no hay obligación para licitar terrenos

Urbanismo concluye que "no hay razón jurídica que obligue al Ayuntamiento a licitar forzosamente" los terrenos sobre los que quieren edificar la mezquita

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  • El proyecto -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado de que el servicio de Gestión Patrimonial de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha elaborado un informe, que se eleva este miércoles a su consejo, en el que se concluye que "no hay razón jurídica que obligue al Ayuntamiento a licitar forzosamente" los terrenos sobre los que la Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia quiere edificar un templo.

A preguntas de los periodistas, tras asistir a la presentación del XX Congreso Nacional de Hospitales, Espadas ha señalado que se ha realizado una respuesta a una solicitud formal realizada por esta asociación, que instaba a la licitación forzosa de los terrenos. Sin embargo, desde Urbanismo se indica que "no hay razón jurídica para licitar forzosamente la parcela para esa actividad".

"Es una contestación en derecho con un análisis estrictamente jurídico, sin análisis político al respecto", matiza Espadas, que manifiesta que hay razones "suficientemente fundadas", como recoge el informe, para negar que el Ayuntamiento tenga la obligación de licitarlo y que ese sea el destino final de la parcela.

Además, indica que en el informe, adelantado por Diario de Sevilla, "se dice que detrás de ese proyecto hay una falta de información bastante importante como para hacer otro tipo de valoraciones desde el punto de vista urbanístico". "Se le contesta a un particular de quien solicita de manera legitima esta cuestión. Es una iniciativa privada de un proyecto concreto y no ha tenido más trasfondo ni más información complementaria", incide.

Espadas afirma que, de alguna manera, se ha intentado "forzar" al Ayuntamiento a que licitara pero "con criterios jurídicos no hay razón para ello". Entiende que "hay que seguir otro tipo de pasos para ello y con mayor solvencia jurídica".

"No compartimos que se generara alarma en torno a la solicitud ni entendíamos que tuviéramos toda la información para hacer otro tipo de análisis del proyecto. No íbamos a hacer de manera obligada y forzosa lo que un particular pidiera. Queremos que el particular entienda que es una contestación en derecho y tiene todo el derecho del mundo a discrepar", concluye.

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