La empresa de alquiler de coches con conductor Cabify, que opera con licencias VTC, tiene decidido "recurrir" las numerosas denuncias formuladas recientemente por la Policía Local de Sevilla contra sus conductores, en el marco del refuerzo de las medidas de vigilancia y control sobre las actividades de transporte de viajeros, dado el conflicto que sacude al sector hispalense del taxi.
Mientras el refuerzo de la vigilancia policial contra el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos en el transporte presta especial atención a las paradas de taxi del aeropuerto de San Pablo o la estación de trenes de Santa Justa, fuentes de la mencionada empresa de vehículos de transporte concertado (VTC) han señalado a Europa Press que la compañía tiene decidido recurrir tales denuncias. Según Cabify, sus coches y conductores cuentan con la documentación y permisos pertinentes y su actividad responde a "la regla". "Si no están ya recurridas, se recurrirán", enfatizan las citadas fuentes.
En el marco del mismo conflicto, las denuncias de las empresas de alquiler de coches con conductor como Cabify por presuntas coacciones y amenazas a sus conductores por parte de taxistas, en el ámbito del aeropuerto de San Pablo, se han traducido en una investigación policial saldada con un total de 27 taxistas investigados por tales hechos, dos de ellos incluso detenidos, según informaban a Europa Press fuentes del policiales.
EL CONFLICTO DEL TAXI
Continúa así, en cualquier caso, el repunte que registra la controvertida situación del taxi hispalense. Y es que después de que la empresa de alquiler de coches con conductor Cabify desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre, los taxistas denuncian supuestas situaciones de "intrusismo" por parte de los conductores de esta y otras empresas con licencia para vehículos de transporte concertado.
Los conductores de Cabify y las demás empresas de esta actividad, de su lado, denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso en su contra, a cuenta de su actividad.
Todo ello, en un escenario en el que el sector del taxi está marcado por no pocas voces y alusiones a presuntos cobros abusivos, supuestas situaciones de violencia y el monopolio que un grupo de taxistas habría impuesto para hacerse con el control absoluto de la parada del aeropuerto de San Pablo, sujeta a una tarifa única con un precio de 22,2 o 24,75 euros.
Frente a estas problemáticas, el Ayuntamiento ha destinado unos 20 policías locales al Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) o directamente a las paradas de taxi del aeropuerto y la estación de trenes de Santa Justa, para "combatir el intrusismo, las conductas irregulares o los cobros abusivos". "Van a trabajar en uno y otro sentido", manifestaba Juan Carlos Cabrera, concejal de Movilidad y Seguridad.
Además, Cabrera y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, han acordado dotar al aeródromo hispalense de un espacio acotado para los vehículos con licencia de transporte concertado, así como un registro de los coches autorizados para dicha actividad y paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea especial del transporte urbano con destino a San Pablo.
