Así lo indica el auto dictado ayer por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors, quien sostiene que estos hechos pueden constituir un delito de “cohecho pasivo”, por aceptar “dádivas o regalos” ofrecidos “en consideración a su función”.
La resolución atribuye una conducta similar al secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, todos ellos imputados por cohecho.
“Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora”, los imputados “resultaron beneficiados por la recepción de las prendas de vestir cuyo precio pagó un tercero”, indica el magistrado.
Además, precisa que, aunque el precio de esas prendas pudiera parecer “escaso o ridículo en comparación con la magnitud de la función desempeñada por alguna de las personas obsequiadas”, esto “no es excluyente del desvalor de su acción objetivamente considerada”.
Sin embargo, la finalidad de estos regalos “no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación”, indica el juez.
El auto relata que a principios de 2006, Camps fue a una tienda de la cadena Milano en Madrid por indicación de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, filial valenciana de la empresa Special Events que gestionaba Francisco Correa, en prisión provisional por liderar la trama de corrupción supuestamente vinculada al PP.
Allí adquirió diferentes prendas y fue atendido por el sastre José Tomás, quien posteriormente se trasladó a la tienda Forever Young, donde siguió recibiendo encargos del presidente de la Generalitat.
Camps admitió ante el juez haber encargado cuatro trajes a medida en esta última tienda y aseguró haberlos pagado en metálico en el momento de recogerlos.
No obstante, el magistrado afirma que “no existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes”, ya que los documentos aportados por la tienda no corresponden con el número de prendas ni con las fechas en las que Camps dijo haber efectuado los pagos.
“Sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por la operación de los cuatro trajes –por valor de 2.880 euros– se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral”, señala el auto.
El president de la Generalitat adquirió otras prendas sobre las que tampoco existe constancia de que las pagara en metálico.
EL PP DEFIENDE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La dirección nacional del PP seguirá defendiendo la presunción de inocencia del presidente de la Generalitat valenciana al que igualmente continuará apoyando, y la del tesorero del partido, Luis Bárcenas, ambos relacionados con la trama corrupta del ‘caso Gürtel’.
Así lo constató ayer la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, quien igualmente anunció que el máximo mandatario de la Generalitat valenciana recurrirá el auto emitido ayer por el juez instructor de la causa.
Sobre la situación de Bárcenas, investigado en la llamada ramificación madrileña del citado caso, la número dos del PP ha afirmado: “Mientras no haya ese elemento nuevo que destruya su presunción de inocencia, continuará en su puesto de tesorero”.
