A cinco días del congreso provincial del PP, su celebración parece hoy por hoy toda una incógnita a tenor del cariz que está tomando el enfrentamiento entre las dos candidaturas y entre el todavía presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya, y la dirección regional liderada por Juanma Moreno. De Moya redobló ayer su pulso hacia el PP-A al cuestionar la imparcialidad del Comité Autonómico de Derechos y Garantías (“por primera vez sin representantes de las ocho provincias”, denunció) y zanjar cualquier acuerdo de integración (antes del cónclave del día 21) entre los dos candidatos que aspiran a sucederle al frente del PP de Jaén.
De Moya –valedor de la candidatura de Juan Diego Requena frente a la de los críticos que encarna Miguel Moreno- arremetió ayer, en una comparecencia informativa en la sede provincial de la calle San Clemente, de forma implícita contra la dirección regional del PP. Lo hizo al cuestionar las dos alegaciones que han sido estimadas por el Comité de Garantías del PP-A a favor de Miguel Moreno. Sobre la resolución que concede a Moreno el derecho a contar con el listado de compromisarios que votarán en el congreso del PP, De Moya anticipó que es algo que va contra la Ley de Protección de Datos, que establece la confidencialidad de los datos personales de los compromisarios. “Tan pronto como sepa que se dan datos míos me voy a los tribunales”, entonó De Moya, aplaudido por un buen número de simpatizantes, la mayoría cargos públicos del partido, entre ellos el propio Juan Diego Requena.
Además, De Moya también cuestionó la otra alegación estimado por el Comité de Garantías del PP relativa al expediente para analizar la composición de los compromisarios. A su juicio, de los 180 miembros natos que se eligen entre los 900 compromisarios al congreso el presidente sólo tiene facultad para elegir de forma directa a “no más de 25 ó 30 personas”. El resto, dijo, son miembros elegidos entre presidentes locales, alcaldes, parlamentarios, diputados provinciales y otros cargos establecidos en los estatutos del partido.
Fernández de Moya, que realizó un balance laudatorio de su etapa al frente del PP, no quiso entrar a contestar a las acusaciones del candidato Miguel Moreno, que lo considera el “autor intelectual de todas las tropelías” cometidas en el proceso electoral del PP. Su única autocrítica se limitó a esta frase: “Es momento también de pedir disculpas por los errores que he podido cometer”-
Y cuando se le preguntó sobre la ruptura y división interna que vive el partido ante su congreso provincial, De Moya se mostró convencido de que “el PP va a salir plenamente fortalecido y cohesionado” tras el congreso del 21 de mayo. Y, sobre la petición de integración por la que aboga la dirección regional, De Moya contestó así: “Votar es lo democrático”, negando implícitamente cualquier unión de las dos listas antes del día 21. Pero la mayor pulla hacia la dirección del PP-A fue al criticar la falta de integración del Comité de Garantías: “A ver si va a ser eso de haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago”, subrayó.
A la misma hora en la que De Moya y sus afines comparecían en la sala de prensa, en las oficinas del PP los críticos presentaban un escrito pidiendo la dimisión del presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Javier Calvente, por considerar que tras el pronunciamiento del Comité de Garantías se demuestra “que se han estado vulnerando derechos fundamentales” de Miguel Moreno.
Mientras, Sevilla intentó ayer un nuevo acercamiento entre las dos listas al PP de Jaén. Y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, reclamó “generosidad” a los dos candidatos para que haya un congreso de inclusión “donde todo el mundo quepa”, aunque precisó que en el caso de que no haya una única candidatura en el cónclave, “que al menos se llegue con un debate sereno y sobre el futuro de la sociedad de Jaén, y no sobre situaciones internas o personales que a nadie le interesa”. Moreno instó a acatar la resolución del Comité de Derechos y Garantías.
Jaén
De Moya redobla el pulso al PP-A y pone en serio riesgo el congreso
Cuestiona la imparcialidad del Comité autonómico de Garantías y elude la posibilidad de integración antes del día 21
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