El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha acordado seguir la causa del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción urbanística y política en dicha localidad, contra 94 personas, entre ellas el exalcalde Antonio Barrientos, para lo que ha dictado un auto en el que dispone continuar el caso por el trámite del procedimiento abreviado.
En este caso, que ahora termina su instrucción tras diez años, se ha investigado una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" en ese momento y "enriquecerse personalmente".
Así, según consta en el auto del juzgado, de 227 folios y al que ha tenido acceso Europa Press --que se puede recurrir--, "en el ámbito de urbanismo es donde se concentra principalmente la auténtica clave de arco de la irregularidad que entra dentro del ámbito penal", fundamentalmente en los aprovechamientos de los convenios urbanísticos.
No obstante, también se alude a presuntas irregularidades en la contratación y en materia de financiación, no sólo de partidos --PES y PSOE, que estaban en coalición--, sino del propio Ayuntamiento, apuntando en este sentido el juez que "se desprende con carácter indiciario que en el marco del Consistorio se llevaba en cuanto a su actuación se refiere y a la fiscalización, el sistema llamado de la 'triple caja'".
Este procedimiento sigue contra exediles, empresarios, abogados, y arquitectos municipales. Se investigan delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias y actividades profesionales prohibidas, entre otros.
Así, a Barrientos se investiga por los delitos de prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales.
En el ámbito urbanístico, el instructor señala que se han analizado 38 convenios, apuntando que "nos encontramos con infravaloraciones de los mismos, puestos en correlación a las valoraciones dadas en algunos convenios celebrados entre el Ayuntamiento y la otra parte --empresas-- con las que se concertaba".
Al respecto, dice que "nada más en siete convenios urbanísticos, se dejó de percibir por el Ayuntamiento, porque no fueron correctas las valoraciones, más de 20 millones de euros aproximadamente". Se analizan los supuestos pagos extra convenios, que "en gran parte se realizaron por la infravaloración en el precio de venta por parte del Ayuntamiento de los aprovechamientos no susceptibles de apropiación privada".
Se pone de manifiesto que "empresas y empresarios con intereses urbanísticos en Estepona tenían que efectuar pagos para no frustrar las expectativas que pudieran tener en el Consistorio". También se refiere el instructor a supuestos pagos irregulares para financiar eventos organizados por varias concejalías.
En cuanto a la irregularidad administrativa se refiere, el juez señala que "en su generalidad se producen irregularidades y en un grado superlativo tal, que son de muy variada naturaleza", apuntando a que de 2003 a 2008 por sanciones urbanísticas se ingresó en el Ayuntamiento la cantidad de 1,07 millones de euros, "cuando debería de haberse ingresado la cantidad de 43.040.264 euros".
Para el juez, las actuaciones en el funcionamiento normal del Consistorio de Estepona en lo investigado "venían caracterizadas por la nota de la irregularidad, irregularidades que van desde la adjudicación de chiringuitos de playa, pasando por la adjudicación de contratos administrativos incluso a sociedades recién constituidas y con ofertas menos ventajosas para el Ayuntamiento que otras".
Así, apunta, "hasta llegar a infravaloraciones de los aprovechamientos urbanísticos muy por debajo de su valor real, todo ello en detrimento de los intereses --también económicos-- para el
Ayuntamiento y por ende para dicho municipio".
FINANCIACIÓN
Según se desprende con carácter indiciario, "el marco del Ayuntamiento de Estepona se llevaba en cuanto a su actuación se refiere y a la fiscalización de las mismas y su producto, el sistema llamado de la 'triple caja". La llamada Caja A "supondría tanto como decir el conjunto de actuaciones totalmente fiscalizadas y por lo tanto fuera del objeto del presente proceso penal", en tanto en cuanto sería "una actuación administrativa correcta".
La Caja B estaría integrada "por un conjunto de actuaciones tales como esponsorizaciones, patrocinios, donaciones, y que serían llevados a cabo dichos pagos por entidades y personas con intereses pendientes de resolver ante el Consistorio, principalmente intereses urbanísticos".
En este punto, el juez apunta que "nos encontramos con la pregunta de si realmente tenían la consideración de tales o por el contrario eran contraprestaciones o condiciones impuestas por el Ayuntamiento", entendiendo que "si no se accedían a su realización por tales entidades y personas se frustrarían por tanto las expectativas de éstos ante el Consistorio, y que en no pocos casos respondían en su tratamiento en realidad a actividades irregulares".
La llamada Caja C estaba compuesta por "una serie de actuaciones en las que personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona y su entorno recibirían directamente regalos que revertirían necesariamente en su patrimonio personal y/o familiar, o sufragar los gastos para la realización de campañas electorales, regalos por parte, de nuevo, de entidades, empresas o personas con intereses pendientes ante el Consistorio, principalmente aunque no con carácter exclusivo, urbanísticos".
Esto se hacía "ya sea por medio de regalos, como televisores, viajes, relojes de marca, incluso pago de consumiciones en establecimientos hosteleros", hasta llegar a "transferencias de dinero y por una cantidad escandalosa con destino a cuentas de personas del Consistorio o familiares cuya justificación no pueden los investigados".
También se analiza la presunta financiación irregular de los dos partidos, indicando que en este caso "hablamos de aportaciones, pero que se efectúan a esos partidos políticos en la forma expuesta, fruto de presiones de personas del Consistorio que desempeñaban cargos en el mismo, que tenían dominio del hecho, y por tanto poder de decisión, y que además esas aportaciones solicitadas serían exigencias a la que accederían los empresarios para que no corrieran peligro sus intereses".
INVESTIGADOS
El juez destaca "la importancia y papel" del entonces alcalde, del que dice que, supuestamente, recibió del grupo empresarial Valle Romano "regalos en navidades y le pagaron viajes", apuntando a "la tremenda capacidad de ahorro de este investigado que salvo el pago de hipoteca y recibos domiciliados, en seis años sólo realizó pagos con tarjeta o reintegros por la cantidad de 2.856,95 euros". También se alude a las obras de su casa "por importe de más de 236.000 euros y pagadas" por esa empresa.
Del mismo modo se analiza la conducta de todos los investigados y se refiere al que era jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores y a otros exediles, tanto del Partido Estepona como del PSOE. Se apunta que Flores y el exconcejal Francisco José Zamorano "sabían de las cifras del déficit real del Ayuntamiento y que ascendía nada menos que a 80 millones, cantidad ésta que se vería falseada en la liquidación, haciendo constar sólo 26 millones".
Al respecto, se indica que "según sus propias palabras habría una gran cantidad de millones en facturas guardadas en cajones y en
intervención relacionados sin más". Pero es más, "habría otros 20 millones procedentes de convenio para aminorar el déficit, así como también gran cantidad de partidas presupuestarias que escapan a cualquier clase de fiscalización, siendo manejados al libre arbitrio de ambos".
