Las denuncias por exceso de ruido en centros educativos públicos de la capital malagueña está generando incertidumbre entre los equipos directivos de otros colegios, que empiezan a limitar la actividad de los clubes.
Debe quedar claro que la sanción es a la Junta, propietaria de las instalaciones que incumplen los límitesEsta es una consecuencia de una situación que, hasta el momento, no encontraba salidas para satisfacer a todos los implicados: centros (CEIP Lex Flavia Malacitana, CEIP Pintor Félix Revello de Toro e IES Jardines Puerta Oscura); clubes (Adesa Málaga, Málaga Basket y Puerta Oscura), y denunciantes. Todo ello con dos directores de escena: la Junta de Andalucía, titular de las infraestructuras, y el Ayuntamiento malagueño, a través de Deporte y Sostenibilidad Medioambiental.
De hecho, ha sido esta última área la que ha abierto expediente con una sanción de 12.000 euros a la Consejería de Educación tras realizar las mediciones en los CEIP Revello de Toro y Lex Flavia Malacitana, y en ambos se superaron los máximos de inmisión de ruido en fachada, establecidos por la ordenanza municipal para la Prevención y Control de Ruido, en siete y 15 decibelios, respectivamente.
“Debe quedar claro que la sanción es a la Junta, propietaria de las instalaciones que incumplen los límites”, aclara Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Málaga, quién detalla que el IES Jardines de Puerta Oscura también superaron los máximos de inmisión de ruido en siete decibelios, pero se encuentra en fase de apercibimiento”.
Propuestas
Desde el consistorio proponen realizar una intervención en el Lex Flavia. “Comprobamos tras el estudio acústico que apantallando una parte del patio, cerca de la pista cubierta, se neutraliza el eco que se genera”, describe Jiménez que concreta que “esta obra tiene un coste de 92.000 euros y hemos propuesto a la Junta compartirlo a medias”.
El edil apostilla que “la dispensa acústica no sirve para este tema porque está hecha para actividades puntuales en la vía pública como fiestas, Semana Santa, etc... y no se puede aplicar a una actividad que es diaria”.
De este modo, la ordenanza municipal cumple con lo estipulado por el Decreto 6/12 que recoge el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, que desarrolla la Ley de Gestión de Calidad Ambiental. Según Jiménez, “desde el PP vamos a proponer al Gobierno andaluz que añada la excepción a esta Ley para usos docentes (actualmente tiene la de usos militares)”. “Sería una acción definitiva y no las obras, que son parciales”, reflexiona Jiménez que resalta su buena predisposición pero “que si no hay solución, el paso siguiente sería el cierre o cese de la actividad”.
