La unidad móvil municipal de atención a mujeres que ejercen la prostitución ha asistido en lo que va de año a 161 personas en Granada, la mayoría extranjeras que han dejado de ejercer esta actividad en las calles para hacerlo en pisos y clubes, una tendencia que se viene observando desde hace dos años.
De hecho, el Ayuntamiento trabaja para reforzar las intervenciones en estos lugares al constatar un descenso considerable de las mujeres que ejercen en la vía pública debido al control policial y a la recesión económica, según ha informado a Europa Press la concejal de Presidencia, Empleo e Igualdad, Ana Muñoz.
Esta unidad, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Granada y Cruz Roja, ha logrado contactar aproximadamente con el 95 por ciento de las meretrices que hay en la ciudad generando, a través de sus profesionales cualificados, un clima de confianza que les permite asesorarles en diversos ámbitos sin que se sientan "criminalizadas", dándoles atención social, sanitaria y psicológica.
La detección de casos de violencia de género y los aspectos vinculados a la salud son aspectos determinantes en este programa "imprescindible" que opera en un ámbito muy complejo en el que existe "una gran precariedad", según relata la edil.
El 81,3 por ciento de las mujeres atendidas en lo que va de año han sido de origen extranjero, de lugares como Rumanía, Colombia, Brasil, Rusia o Nigeria, de entre 20 y 47 años de media.
De las 161 mujeres asistidas, un total de 128 estaban en pisos y clubes de la ciudad y solo 26 ejercían la prostitución en la calle; destaca que en este último caso la mayor parte de ellas sí son españolas.
Las acciones del proyecto, que promueve el uso de preservativos y otros medios para prevenir el sida y otras infecciones de transmisión sexual, inciden "de manera determinante en la mejora de la calidad de vida de estas mujeres", a las que también se facilita el acceso a cursos de formación, talleres de prevención y autoestima o a clases de español en el caso de las inmigrantes que desconocen el idioma.
Las principales demandas que ellas plantean están relacionadas con la asistencia sanitaria, la realización de pruebas diagnósticas, la búsqueda de empleo, la alimentación y tramitación de documentos, como pasaportes, alquiler y suministros.
La edil afirma que se trata de una programa "insustituible" que es continuamente actualizado por parte de técnicos y profesionales para adaptarse a las necesidades de este colectivo especialmente vulnerable y seguir manteniendo su eficacia en la atención social.
