En relación a las últimas declaraciones del alcalde de San Roque en el caso de la desembocadura del río Guadiaro, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, le pide “que de una vez por todas deje de intentar confundir a la opinión pública con titulares de prensa. Esperamos que conteste oficialmente y no mediante comparecencias periodísticas, a las que nos tiene acostumbrados, y que actúe exigiendo a la Junta de Andalucía a que ejerza sus competencias en este caso si lo que se está dando es un problema medioambiental”. Además, pide a Ruiz Boix que también “asuma su parte de competencia por la concesión administrativa que tiene otorgada su Ayuntamiento y no anteponga los intereses de su partido, sino los de sus convecinos de San Roque”.
En relación con las citadas declaraciones, Muñoz Martín muestra su sorpresa “porque un cargo público al frente de una administración pública, como es el Ayuntamiento de San Roque, muestre tan profundo desconocimiento de las normas vigentes. No ha existido, como cuestiona, ninguna modificación legal, sino que confunde, quizá malintencionadamente, asuntos que nada tienen que ver”, indica el subdelegado.
En esta línea, Muñoz exige “conocer ya de modo oficial y no por capítulos a través de los medios de comunicación”, si el Ayuntamiento de San Roque he pedido oficialmente renunciar a la concesión otorgada en su día por la Junta de Andalucía y si ésta, en caso afirmativo, ha sido aceptada, “porque por más que se empeñe el alcalde, a Costas, que tiene que informar, en ningún momento se le ha comunicado renuncia alguna por el titular de la concesión, que no es otro sino el Ayuntamiento sanroqueño”.
Expediente informativo archivado
El año pasado el Ayuntamiento, sin contar con la autorización pertinente de la Junta de Andalucía, procedió a la apertura de la desembocadura del río Guadiaro, motivo por el cual, la Demarcación de Costas, que sí es la administración competente en materia sancionadora cuando se trata de actividades realizadas en Dominio Público Marítimo Terrestre sin contar con título habilitante, procedió a abrir medidas previas informativas para aclarar lo ocurrido. No obstante, al contrario de lo que indica el alcalde, no llegó a incoarse expediente sancionador tras las explicaciones dadas al respecto por el Ayuntamiento, archivándose.
“Cosa distinta a lo anterior son las competencias que ostenta además la Junta de Andalucía en materia de protección del medio ambiente, la fauna y flora, así como los espacios protegidos, como es el estuario del Guadiaro –afirma el subdelegado-, competencias que le permiten actuar de la manera que mejor considere para la preservación de los valores de este espacio”, ha manifestado Agustín Muñoz.
Para el subdelegado “está bien claro que el Ayuntamiento de San Roque está plenamente habilitado para extraer arena de la desembocadura del río Guadiaro si es para verterla a la playa de Sotogrande, ya que esa es la concesión que solicitó en su momento y la Junta de Andalucía le concedió, mientras que en caso de haber algún tipo de problema medioambiental en la desembocadura, es la Junta de Andalucía la administración competente que deberá actuar, incluyendo la ejecución de obras, y eso lo debe conocer desde el primer momento el alcalde sanroqueño”.
Para Muñoz, Ruiz Boix vuelve a realizar valoraciones erróneas comparando la actuación del pasado año llevada a cabo por Costas con las realizadas por este organismo este mismo año en el río Guadiaro (70.000 m3 extraídos), que tenían por objeto la regeneración de las playas de la localidad con arena extraída de la desembocadura. Nada tiene que ver esa competencia –regeneración en playas-, que sí ostenta el Estado, con las medioambientales que ostenta la Junta.
Además, “el alcalde demuestra que sólo está en la lectura política y no técnica del comportamiento de un estuario, sorprendiendo su atrevimiento al aseverar que en el estuario del Guadiaro sobran 80.000 m3 de arena”. El subdelegado del Gobierno pide al alcalde que muestre de dónde extrae sus conclusiones, “porque según todos los estudios existentes realizados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) el problema de las playas situadas al sur de la desembocadura proviene precisamente de la ausencia de arena aportada por el río, tras décadas de extracción de áridos a lo largo del cauce. Por eso, antes de hablar, infórmese de cuestiones técnicas que desconoce”, pide Agustín Muñoz.
El subdelegado añade que “el alcalde, que tanto alude a lealtad institucional, sin embargo se erige en portavoz de la Junta y no ha valorado que se le haya remitido para su información el escrito enviado a la Consejería de Medio Ambiente”.
Escritos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de San Roque
La Junta de Andalucía aún no ha contestado al escrito de Costas del pasado 12 de julio, en el que se indica que al tratarse de una posible cuestión de carácter medioambiental, ante la muerte de peces por falta de oxígeno, competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, es a esa institución a quien correspondería actuar, ya que además tiene transferidas abundantes competencias en materia de obras en costas desde 2011.
En el cierre natural del río Guadiaro no existe un problema de índole litoral, costero ni de sus dinámicas sobre el que Costas deba actuar. Este organismo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha intervenido en la desembocadura del río con la extracción de arena en el marco de las actuaciones previstas entre las obras de interés general del Estado (definidas en el artículo 111 de la Ley de Costas), para la regeneración de las playas de San Roque.
El alcalde de San Roque no se hace eco del escrito que Costas envío al propio Ayuntamiento, en el que se le recuerdan las condiciones que recogía la Resolución de la Junta por la que se concedía a San Roque la concesión de ocupación para protección de la playa sur en la desembocadura del Guadiaro.
En esta Resolución se fijan las actuaciones que deberá ejecutar el concesionario (el Ayuntamiento sanroqueño), así como el procedimiento de renuncia de la concesión, hecho éste que no consta que se haya producido, por lo que “a todos los efectos, derechos y obligaciones, el Ayuntamiento continúa siendo el titular de la citada concesión y está obligado a dar cumplimiento a lo que en ella se establece”.
