Los empresarios del Parque Empresarial de Jerez están pendientes de que la alcaldesa, Mamen Sánchez, les cite a una nueva reunión de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo con el que el sector abortaría su intención de retener el dinero del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y la tasa de vados en una cuenta judicial ante la “falta de inversiones” del Ayuntamiento. De esta manera, tal y como aprobaron en asamblea el pasado mes, sería un juez el que decidiera qué parte del montante de 1,3 millones -de los 2,5 que ingresan al año en impuestos de las casi 200 empresas que se asientan en este enclave- que recaudaría el Consistorio en este primer plazo tendrían que abonar atendiendo a los servicios realizados. Los empresarios se quejan de que el abandono municipal ha llegado a tal extremo que ni siquiera pueden “mantener” este entorno sin inversiones puntuales -que no parcheos- como la mejora del asfaltado y el pintado de pasos peatones.
Tal y como explica el presidente de la Entidad Urbanística de Conservación, Rafael Corrales, ha sido la propia alcaldesa quien tras el cruce de acusaciones protagonizado por su propia entidad y la portavoz municipal, Laura Álvarez, que les remitió al convenio suscrito con el Ayuntamiento, quien ha contactado con ellos para emplazarles a un encuentro de trabajo del que aún no hay fecha pero que será a corto plazo.
A falta de lo que ocurra y tras las declaraciones “desafortunadas” de Álvarez, como así las califica, Corrales ve “buena disposición” de Sánchez “para llegar a un acuerdo” en una negociación “que nos interesa a ambos”. “Queremos ver qué nos ofrece, ver el convenio y, en función de esa reunión, decidiremos si seguimos o no con las medidas propuestas”, apunta el presidente de la entidad, que confía en que haya buen entendimiento.
