El concejal y parlamentario autonómico Antonio Saldaña ha reclamado a la Junta de Andalucía que se haga cargo de los gastos de comunidad de las viviendas sociales que son de su propiedad, advirtiéndole de que no cabe escudarse en los impagos de sus inquilinos para no hacer frente a sus obligaciones como titular de los inmuebles.
Saldaña alude al caso del bloque 3 de la barriada de la Constitución (MOPU), cuyos vecinos llegan casi seis meses sin ascensor por las deudas que la comunidad ha venido acumulando con la empresa de mantenimiento. El parlamentario popular recuerda en este sentido que la Ley de Propiedad Horizontal establece que es obligación del propietario “contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización”.
Además, Saldaña alude a la existencia de varias sentencias judiciales que especifican que “las relaciones se establecen entre los distintos copropietarios y la comunidad de propietarios y los arrendatarios quedan totalmente al margen”.
Por este motivo, los populares consideran “intolerable” que la Junta “incumpla sus obligaciones legales con las comunidades escudándose en que sus inquilinos no pagan cuando la ley y la jurisprudencia le obliga a hacer frente a esos gastos, con independencia de que después los repercuta a los inquilinos”.
En este sentido, Saldaña lamenta que “la todopoderosa” Junta de Andalucía “obligue a los propietarios de las viviendas sociales a llevarla a los tribunales, porque sabe que no podrán hacerlo por problemas económicos”, mientras los vecinos siguen sin ascensor a pesar de que el edificio tiene ocho plantas de altura.
El parlamentario autonómico ha anunciado la puesta en marcha de una campaña para que los vecinos puedan ejercer su “derecho de petición”, así como una proposición no de ley para que la Administración autonómica “cumpla la ley y no obligue a las comunidades de viviendas sociales a tener que llevar a la Junta a los tribunales mientras sus vecinos se encuentran atrapados por no tener ascensor”. Muchos de los vecinos del bloque 3 de La Constitución son de avanzada edad, por lo que tienen problemas a diario para subir y bajar las escaleras.
