El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".
