El Defensor del Pueblo ha pedido el cierre del centro de primera asistencia y detención de inmigrantes de Motril, en Granada, porque considera que estas instalaciones policiales a las que son conducidas las personas que llegan a la costa en patera son "insalubres e inadecuadas" para realizar esta función.
Es la conclusión que ha elevado tras la visita de tres técnicos de la institución, que se presentaron por sorpresa en el centro el pasado mes de noviembre, inspeccionaron las instalaciones y los libros de registro y se entrevistaron tanto con los agentes que custodiaban a los inmigrantes detenidos como con algunos de ellos. Vivieron además, in situ, la llegada a puerto de los migrantes rescatados de una patera en el mar.
El informe que elevaron detalla toda una lista de deficiencias entre las que destaca la "inadecuación de las instalaciones para que pernocten en ellas menores de edad y madres con bebés", a quienes se conduce a estas dependencias "insalubres" después de llegar en embarcaciones irregulares.
Solicita que se dicten instrucciones para que mientras se cierra o acondiciona el centro, "los menores de edad y las madres con hijos de corta edad, permanezcan en otras dependencias más adecuadas a las respectivas situaciones, dando preferencia a los trámites administrativos a realizar con estas personas".
Los técnicos se encontraron con que "no existe luz natural, por lo que en todo momento las personas detenidas sólo cuentan con luz artificial" durante su estancia en estas celdas que, además "no disponen de literas" lo que obliga a que los hombres detenidos "tengan que depositar las colchonetas en el suelo para dormir".
"Las instalaciones no cuentan con sistema de calefacción, pese a encontrarse al borde del mar y soportar el rigor propio de los
meses de invierno. El personal de custodia no cuenta con una preparación específica en materia de atención a personas migrantes (rudimento de
idiomas, conocimientos de legislación de extranjería, etcétera) y permanecen en el interior de las instalaciones y en el pasillo de celdas portando sus armas reglamentarias con cargador", detalla.
Asimismo, detectaron "la práctica consistente en la lectura colectiva de derechos", algo que "debe rechazarse y proporcionar una información individualizada y comprensible a cada persona", cosa que también encontraron en la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz), y por lo que el Defensor del Pueblo ha elevado una recomendación "de alcance general".
De hecho, sobre Algeciras ha emitido otras observaciones, como que las cifras de migrantes que pasan por su comisaría anualmente "aconseja la previsión" de otras dependencias. Allí se duerme o se sienta la gente en el suelo porque no hay espacio suficiente. En las celdas, donde deberían convivir máximo seis personas del mismo sexo, entran siete. Hya menores solos a la espera de pruebas de determinación de la edad y los registros no recogen en qué patera llegaron.
No es el único centro de primera recepción de inmigrantes bajo el radar del Defensor del Pueblo, que en su papel como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realiza visitas periódicas a todo tipo de centros de detención, incluidos los espacios policiales como las comisarías a las que son conducidos los migrantes recién llegados a la costa sur española.
MENORES MÁS DE 30 HORAS EN COMISARÍA
Tras una visita girada al centro de Primera Asistencia y Detención de Extranjeros de la Policía Nacional de Almería, detectaron que el número de migrantes que son trasladados allí al cabo del año "aconseja la previsión de dependencias que estén dotadas de los servicios imprescindibles".
Detalla, en este sentido, que "el grosor de las colchonetas es igual al que se utilizan habitualmente en las comisarías", y los detenidos deben "pernoctar o sentarse en el suelo" dado que no hay espacio suficiente para colocarlas.
"Hay menores que llegan a estar más de 30 horas entre la entrada y la salida, conforme al Libro Registro de Actuaciones con Menores e Incapaces en Situación de Riesgo", denuncian también los técnicos sobre estas instalaciones.
Añaden que la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional es la que se ocupa de la recepción y asistencia a los detenidos y "no cuenta con una preparación específica en materia de atención a personas migrantes (rudimento de idiomas, conocimientos de legislación de extranjería, etcétera)", como en el caso de Motril.
LA POLICÍA PROPONE AL FISCAL DICTAR MAYORÍA DE EDAD
En sus informes más recientes consta también la visita a la Comisaría Provincial del Cuerpo de Policía Nacional de Málaga, donde además de fallas estructurales, como la ausencia de sistemas mecánicos para la apertura de las celdas o la necesidad de mejoras en el sistema para que los detenidos puedan alertar a los agentes en caso de necesidad, han encontrado prácticas que tendrán seguimiento en la Institución.
Cita, entre ellas, que el informe de resultados de las pruebas radiológicas hechas a supuestos menores de edad "no incluye la desviación estándar ni la horquilla de edad resultante" y que "la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras propone al Ministerio Fiscal la adopción del decreto de mayoría de edad" en estos casos.
SIN LITERAS NI DUCHAS
La situación se extiende en otros puntos de la frontera sur, como Murcia. En las instalaciones de recepción de inmigrantes del puerto de Cartagena, por ejemplo, "faltan infraestructuras suficientes", lo que obliga en llegadas numerosas "a establecer un dispositivo de emergencia rudimentario". Esto aconseja, a juicio del Defensor, "la previsión de
dependencias dotadas de los servicios mínimos imprescindibles para un período de detención que no podrá superar las 72 horas".
Mientras, en la Jefatura Superior de Murcia, "las instalaciones no cuentan con las condiciones adecuadas para la recepción de personas llegadas en patera" y la Institución considera por ello que "no debieran ser usadas para tal fin en las condiciones actuales, salvo de forma excepcional y, en tal caso, deberían contar al menos con literas y duchas".
